Según los datos de 2019 facilitados por el Ministerio de Trabajo, cada día 3.725 personas sufren un accidente laboral en España y cada día 2 trabajadores fallecen como consecuencia de su trabajo

Según las cifras de avance facilitadas por el Ministerio de Trabajo, durante el año 2019 se han producido un total de 1.359.548 accidentes laborales. Los grandes cambios organizativos y las reestructuraciones han sido la tónica general entre las empresas desde la reforma laboral, esto, como cabía esperar, ha tenido unas graves repercusiones sobre los trabajadores, incluyendo el ámbito de salud laboral. Esta situación de inestabilidad y condiciones cambiantes del empleo debemos relacionarla con la elevada tasa de temporalidad y parcialidad en la contratación existente, de esta forma obtendremos una visión de conjunto de la situación en la que viven los trabajadores y trabajadoras en España.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se hace difícil hacer un análisis exacto de la incidencia de la siniestralidad en el sector de los Empleados Públicos ya que los datos facilitados por el Ministerio están agrupados por sectores productivos, sin diferenciar la parte pública de la privada de dichos sectores. Tenemos datos generales de los sectores educativos y sanitarios, pero estos datos no están desglosados por centros con titularidad pública o privada.

En líneas generales, la tendencia hacia el descenso que veníamos observando en los años previos a la crisis y la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 ha quedado atrás y asistimos a una tendencia al alza que se inicia en los años 2012-2013.

Comparando los datos de los sectores productivos de los que forman parte los empleados públicos, podemos sacar las siguientes conclusiones:

Silvicultura y explotación forestal

En el caso de Silvicultura y explotación forestal,  comparando los datos recogidos en 2016 respecto al avance de 2019,  se ha producido un aumento del 25 % respecto al número total de accidentes dentro de la jornada laboral,  un 10 % de aumento en el número de accidentes graves, manteniéndose en 11 el número de víctimas mortales  (las mimas que se produjeron en 2016).

Este aumento de la siniestralidad está favorecido por la corta duración de los contratos de trabajo y la rotación de mano de obra que se realiza fundamentalmente en determinadas épocas del año (periodo estival). Por otro lado, hay que incidir en la dificultad que tiene la inspección de trabajo para realizar sus labores de vigilancia y control de cumplimiento de la legislación,  debido a la corta duración de los trabajos a realizar y el difícil acceso a los lugares de trabajo.

Actividades postales y de correos

En el caso del sector postal y de correos,  comparando los datos recogidos en 2016 respecto al avance de 2019,  se ha producido un aumento del 24 % respecto al número total de accidentes dentro de la jornada laboral. Aunque ha disminuido levemente el número de accidentes graves,  se ha pasado de 2 accidente mortal en 2016 a 5 accidentes mortales en 2019.

Educación

En el sector educativo se ha producido un 5% de aumento del número de accidentes totales con baja.  Sin embargo en el caso de los accidentes graves ha sido el doble (un 10%) y un 66 % en el caso de los accidentes mortales, que han pasado de 6 a 10.

Actividades de servicios sociales sin alojamiento (dentro Actividades sanitarias y de servicios sociales)

Es de destacar el gran aumento de accidentes que se ha producido en este sector, 2.522 más que hace tres años, lo que supone un 28 % de aumento. Los accidentes mortales han pasado de 1 hace tres años a 8 durante el 2019, de los cuales 3 fueron al ir o volver del trabajo. Este aumento de la mortalidad es intolerable.

Las precarias condiciones de trabajo que sufren este colectivo de trabajadoras en su mayoría, con contratos de trabajos mayoritariamente temporales y a tiempo parcial, las obliga a éstas a la simultaneidad de empleos y  a realizar multitud de desplazamientos.

Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos

En este sector también se ha producido un aumento del número total de accidentes, sobre todo en el número de accidentes graves, que se ha incrementado en un 20%. El número de accidentes mortales ha pasado de 9 en 2016 a 13 en 2019 (8 en jornada y 5 en accidente in itinere).

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

Solo en este sector se ha producido un descenso de la siniestralidad con baja (alrededor del 20 % de reducción), aunque la tasa de accidentes graves y/o mortales sólo se ha reducido un 6%.

PRINCIPALES RIESGOS DEL SECTOR

Además de los trastornos musculo esqueléticos y debido a que la mayoría del trabajo del sector público requiere del contacto diario con usuarios, son predominantes en nuestro sector los riesgos psicosociales caracterizados por la generación de niveles altos de estés, síndrome del quemado, depresión e insatisfacción laboral.

Muchos trabajadores y trabajadoras están sufriendo estos riesgos y,  en muchas ocasiones, no están recogidos en estas estadísticas. Por tanto se hace necesario trabajar en combatir estos riesgos que deben ser analizados y evaluados a través de una evaluación de riesgos laborales, apartado específico dentro de la evaluación de riesgos general.

Lamentablemente, la Administración es la primera incumplidora de sus obligaciones preventivas, ya que no se sanciona a sí misma y, generalmente, no se realizan evaluaciones de riesgos psicosociales en la mayoría de los centros de trabajo.

Otra deficiencia específica del sector público es la ausencia de delegados de prevención en los centros de trabajo, ya que, debido a la forma en la que se eligen los delegados de personal,  dentro de Juntas de Personal agrupadas por entidades territoriales administrativas, hacen que no exista una figura de referencia en cada centro que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores de cada centro.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE FeSP-UGT

  • Reforzar el papel de la inspección de trabajo y obligar a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva.
  • Lograr que exista un delegado de prevención de riesgos laborales en cada centro de trabajo.
  • Rapidez en el inicio de las negociaciones de una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la vigencia de la actual termina este año 2020.
  • Creación del Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto, ya que muchos trabajadores de nuestro sector han padecido los terribles efectos del uso de este compuesto y los trámites para su aprobación se han visto retrasados en numerosas ocasiones. Es necesario que las víctimas sean reconocidas y resarcidas de forma urgente.
  • Urge la trasposición de la Directiva 2013/59/EURATOM para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas Radón. Gas peligroso para la salud que se encuentra almacenado en sótanos de centros de trabajo.