La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT pide al Gobierno que despeje las dudas y ofrezca escenarios de certidumbre para que los empleados públicos puedan recuperar los salarios y derechos perdidos durante la crisis. El sindicato consideró una oportunidad para seguir trabajando el aplazamiento de la presentación del Anteproyecto de Ley de PGE 2018, por las dificultades encontradas por el ejecutivo de Mariano Rajoy para disponer del suficiente apoyo parlamentario que garantizara la aprobación.

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el plan presupuestario de 2018, que contempla el escenario de una prórroga de las cuentas de 2017, aunque reconoce que los prespuestos para 2018 están muy avanzados y, en el caso de encontrar los apoyos parlamentarios suficientes, se podrían aprobar en el trascurso del próximo año y entrar en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018.

En opinión de la FeSP-UGT, la prórroga de las cuentas estatales constituiría una mala noticia para los empleados públicos, por cuanto supone una nueva pérdida de poder adquisitivo y alargaría los efectos de la crisis para este colectivo, a pesar de la buena marcha de la economía.

La última propuesta gubernamental en la Mesa General de Negociación  de las Administraciones Públicas contemplaba una subida fija del 1,5% para 2018, del 0,5% en 2019% y de otro 0,5% en 2020 y un parte variable vinculada al PIB y el cumplimiento del déficit. El sindicato rechazó oferta del Gobierno en materia salarial pues la fórmula propuesta ofrecía pocas garantías de que los empleados públicos pudieran recuperar el poder adquisitivo perdido

El documento que el Ejecutivo ha presentado a Bruselas refuerza nuestros temores.  El Gobierno ha rebajado las expectativas de crecimiento de la economía española y subido la previsión del déficit para el próximo año.

UGT mantiene sus reivindicaciones en materia de salarios, con una recuperación significativa del poder de compra perdido durante la crisis, y de jornada. En este aspecto, la organización sindical reclama volver a  fijar las 37,5 horas como jornada laboral máxima, como establecía el Estatuto Básico de Empleado Público y recuperar la capacidad de negociar con las organizaciones sindicales otra diferente en las administraciones y organismos que lo consideren.