Mariano Rajoy ha anunciado que salarios públicos, pensiones y oferta pública de empleo quedarán congelados ante la imposibilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de que acabe el año. UGT mantiene su exigencia de aprobar un Decreto Ley para actualizar salarios, empleo público y pensiones y ha acusado al gobierno interinos de recurrir nuevamente al miedo para presionar al resto de fuerzas políticas y a los ciudadanos.

UGT ha expresado su malestar por el contexto actual, marcado por la «negativa situación de parálisis e incertidumbre política» que para las organizaciones sindicales está condicionando las posibilidades de consolidar el incipiente crecimiento económico y está retrasando la adopción de medidas para contrarrestar los estragos de la crisis.

Desde UGT insistimos en que, ante una previsible prórroga de los Presupuestos, es necesario revalorizar las pensiones, los salarios de los empleados públicos y el salario mínimo interprofesional. Le pedimos al Gobierno en funciones que mueva ficha y dialogue con los interlocutores sociales, que convoque la Mesa General de Negociación y explique a las organizaciones sindicales cuáles son sus propuestas.

Catorce millones de ciudadanos (pensionistas y empleados públicos) están pagando las consecuencias de la parálisis política después de cinco años de importantes devaluaciones salariales. Desde UGT advertimos que no nos quedaremos impasibles ante este empobrecimiento constante de los derechos laborales. Es necesario revertir la situación y poner en valor el trabajo de los millones empleados públicos sacrificados por las políticas de austeridad y apostar por un crecimiento que nos beneficie a todos.

La congelación de la Oferta Pública de Empleo nos parece preocupante porque frustra las aspiraciones de miles de jóvenes, precariza los servicios públicos y continúa envejeciendo las plantillas de las Administraciones Públicas.

Desde UGT hemos pedido en reiteradas ocasiones un plan general de recursos humanos en la Administración General del Estado que ponga solución a las plazas amortizadas en la última legislatura y a la sobrecarga de trabajo de un personal que tiene que trabajar más por menos y en peores condiciones. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la AGE ha perdido más del 11% de su personal.

Servicios prioritarios como el FOGASA, los Servicios Públicos de Empleo, la Agencia Tributaria y el Inserso están bajo mínimos de personal debido a los más de 30.000 funcionarios que optaron por la jubilación anticipada desde 2010 y cuyas plazas quedaron por cubrir debido a una oferta pública de empleo prácticamente paralizada desde que Rajoy entró en el ejecutivo.

Es intolerable que un gabinete en funciones –que además carece por completo del mínimo de sensibilidad necesaria para gobernar y dar la cara por sus trabajadores- siga hipotecando el futuro de millones de trabajadores, sin ninguna voluntad para explicar la situación a sus legítimos representantes.