Más medios materiales, tecnológicos y personales para la Justicia
UGT valora el plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros para reactivar los juzgados afectados por la pandemia
• El sindicato ya envió al Gobierno, el pasado mes de abril, sus propuestas para la desescalada en esta materia.
• Con el Estado de Alarma, la Justicia se paralizó, llegando a estar al borde del colapso y afectando a derechos fundamentales de las personas.
• Para UGT, es imprescindible conjugar la reactivación de la Justicia con la seguridad y salud, tanto de las personas trabajadoras de los juzgados, como de los usuarios.
La Unión General de Trabajadores valora el plan de choque aprobado hoy por el Consejo de Ministros para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento.
El sindicato recuerda que, junto a CCOO, ya envió al Gobierno el pasado mes de abril sus propuestas de desescalada en materia de Justicia, centradas en dotar más medios materiales, tecnológicos y personales a la Administración de Justicia, que ya tenía este problema de manera estructural y que lo ha visto agudizado con la pandemia.
Una problemática que puede colapsar el sistema con gravísimas consecuencias, que afectarán a derechos fundamentales del estado de derecho, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, salvo que se implementen políticas que permitan a la administración disponer de los suficientes recursos humanos y medios materiales y tecnológicos.
Para UGT, las medidas aprobadas deben contribuir a mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales, no sólo para articular la reactivación de la Justicia en el tiempo de desescalada, sino para ayudar a gestionar el previsible incremento de la actividad judicial derivado de actuaciones públicas y privadas llevadas a cabo en el tiempo de estado de alarma.
En este sentido, es imprescindible dotar a la Administración de Justicia de recursos económicos tanto mediante el incremento de plantillas como de los medios materiales para poder garantizar el derecho a una justicia eficiente y justa.
El sindicato considera también que la inversión en medios materiales y tecnológicos deberá completarse, por el correspondiente organismo de las Comunidades Autónomas, con competencias transferidas. La inversión en tecnología será la única forma que exista de combinar el respeto a las medidas sanitarias de protección que, previsiblemente, se impondrán en la reactivación de la administración de justicia, con la actividad judicial, de tal forma que evite desplazamientos innecesarios a las sedes judiciales de profesionales en busca de autos, para presentar escritos, realizar consultas etc.
Actuaciones inmediatas
La Unión General de Trabajadores reclama una serie de acciones urgentes durante esta reactivación, como son la entrada en funcionamiento inmediato de los órganos de nueva creación acordados en 2019 que aún no lo han hecho; la creación inmediata de nuevos órganos judiciales donde las cargas de trabajo superen los módulos anuales establecidos en el acuerdo publicado por la Orden JUS/1415,2018, de 28 de diciembre; o el Incremento de plantilla en los juzgados mixtos que compatibilizan funciones con violencia sobre la mujer, Registro Civil o decanato.
Además, y como esta crisis no ha afectado a todos por igual, debería establecerse la prioridad en la tutela de los asuntos que afecten a los derechos laborales de las personas trabajadoras, de los empleados públicos y de las personas demandantes de las prestaciones sociales públicas (Seguridad Social, incluido el desempleo, protección a las situaciones de dependencia, etc.). También son prioritarias las cuestiones que afecten a los derechos que requieren protección inmediata de los colectivos más vulnerables, como las relativas a la vivienda, alquileres e hipotecas, la protección a la infancia, así como los procesos de separación y divorcio, cuya tramitación, además, es principal para la lucha contra la violencia machista.
Para UGT, deben priorizarse las reclamaciones económicas de las personas a las sociedades y a las Administraciones y en la fase de ejecución y sus trámites como tasación de costas o juras de cuentas se deberían igualmente dar preferencia a las que afecten a los colectivos más vulnerables. Para ello, se haría necesaria la reordenación del trabajo en los juzgados conforme a criterios reglados.
En cualquier caso, el sindicato considera que la reactivación de la actividad judicial pasará, en primer lugar, por gestionar el trabajo pendiente y en tramitación de los distintos asuntos judiciales por parte de los órganos jurisdiccionales, manteniendo la suspensión declarada de vistas y señalamientos de asuntos no esenciales.
En concreto, de manera inmediata deberían comunicarse (comunicación que no notificación a efectos de plazos procesales), los siguientes actos judiciales: Notificación de Sentencias y Autos que pongan fin al procedimiento, no susceptibles de recurso; y Notificación de Sentencias y Autos recurribles.
Estas comunicaciones permitirían a empresas y a administraciones públicas cumplir voluntariamente los fallos condenatorios para las mismas, de manera que quien demanda, cuya posición es más vulnerable, pudiera ver satisfechos sus derechos y reclamaciones de forma inmediata. Esta actuación no implicaría ningún perjuicio para las empresas o administraciones públicas que decidieran recurrir o esperar a la firmeza de las sentencias, ya que los plazos procesales seguirían suspendidos.
Acciones a medio plazo
Una vez se retome la actividad judicial deberá procederse a realizar, de forma progresiva y gradual, y entre otras cuestiones, las notificaciones a través de los sistemas implementados, puesto que de lo contrario se vulneraría la tutela judicial efectiva de las personas a quienes se asiste, representa y defiende, ya que podría suceder que los y las profesionales no tuvieran tiempo material de contestar y atender a todas las notificaciones.
Además, deberá tenerse una especial cautela en relación a la gestión de la presentación de demandas, de tal forma que lo recomendable, en consonancia con la resolución del Ministro de Justicia de fecha 13 de abril de 2020, sería permitir la presentación progresiva de escritos de demanda, sin perjuicio de respetar la decretada suspensión de plazos procesales.
UGT, como una de las organizaciones sindicales más representativas, ha buscado siempre la defensa de la población trabajadora, entendida en su más amplio sentido y de sus derechos; supeditando los perjuicios que la paralización de la Justicia ha supuesto para las personas al bien superior de que nuestra sociedad supere lo antes posible la situación sanitaria derivada de la crisis del coronavirus.
Por ello, resulta imprescindible el proceso de desescalada de la paralización de la actividad judicial, conjugando la reactivación de toda la actividad judicial con la seguridad y salud, tanto de las personas trabajadoras de los juzgados, como de los usuarios.
