Por segundo viernes consecutivo, los empleados públicos se han concentrado en toda la región para exigir a la JCCM el reingreso de los interinos cesados en agosto de 2012 y la devolución de las condiciones económicas y laborales que han perdido en los últimos años.

Principalmente, los empleados públicos volvieron a exigir la readmisión de los interinos cesados en agosto de 2012. De las declaraciones realizadas el pasado día 12 por el Consejero de Presidencia y Administraciones Publicas se desprende que la JCCM, a pesar de haber retirado el recurso, no tiene intención de mover ficha y convocar la mesa sectorial para clarificar el proceso de readmisión, lo que supone una nueva falta de respeto hacia los sindicatos demandantes UGT y STAS que lo han solicitado por escrito sin recibir contestación alguna. La cuestión de la partida presupuestaria de la que se obtenga los 30 millones necesarios pierde importancia si lo que provocan con su actuación es ir aumentando día a día esa cantidad (más de 600.000 euros desde que anunciara la retirada del recurso el Gobierno de Cospedal) mientras los interinos siguen en su casa y sin poder incorporarse a su centro de trabajo.

Sobre la excusa esgrimida por el Consejero de la posibilidad de caer en delito de prevaricación, queda claro que este delito lleva sobrevolando sobre sus cabezas desde el mismo día en que se cesó a los trabajadores. Resulta obvio que, cualquier dirigente conoce que la firma de las órdenes de cese sin negociación, la publicación de los despidos días antes de que se celebrara la mesa y, en resumen, la conducta antisindical adquirida, son actuaciones muy cercanas a la prevaricación. Esta fue una de las pretensiones fundamentales de los interinos cesados, el poder llegar a plantear una demanda por prevaricación y malversación de fondos contra Leandro Esteban.

Si a esto le añadimos que, además, y siempre según el Consejero, se hizo desde la prudencia de los representantes de la Administración, no cabe duda que alguien intenta buscar cualquier excusa para evitar lo que debería ser inminente, la dimisión de Leandro Esteban y de Juan Manuel de la Fuente. Por último, los interinos han quedado emplazados al momento que sea la sentencia firme, para continuar con las movilizaciones, que se prevén cada vez más contundentes, hasta que se haga efectivo su reingreso y se garantice la permanencia de los puestos de trabajo.

Por otro lado, en el día de ayer la Presidenta Regional anunció la devolución del 25% de la paga extra de diciembre de 2012. Respecto a los salarios, esta devolución no compensa en absoluto la rebaja salarial del 3% sufrida en 2012. demás, es importante destacar que, esta decisión, tanto a nivel regional como nacional ha venido forzada por la cantidad de recursos perdidos y que obliga a las administraciones a devolver la parte devengada de la paga extra, lo que viene prácticamente a coincidir con este 25%. Es decir, que una vez más huyen de los titulares que anuncian nuevas derrotas de la JCCM en los tribunales.

Para este Gobierno los empleados públicos ya no tienen derechos, dependen únicamente del día que tenga la Presidenta, que si está de buen humor ofrece las migajas a los empleados públicos, migajas que ya eran de los trabajadores y que son sólo una parte de lo que se le ha venido robando durante estos años.