Los trabajadores de servicios públicos están en la primera linea de las situaciones de conflicto y emergencia en todo el mundo. Apoyan a las mujeres que sufren violencia doméstica, ayudan a las víctimas de la violencia en las calles, salvan vidas de los afectados por desastres naturales o provocados por el ser humano ya veces son víctimas de la violencia de terceros. La violencia es frecuentemente perpetrada por combatientes de diversos grupos armados. La violación y la violencia física siguen siendo utilizadas como un arma de guerra castigar a los civiles, perpetuando los crímenes bárbaros de miles de años. La violación se comete con asesinatos, agresiones físicas, secuestros y saqueos. Cada vez más, los hospitales y los propios trabajadores sanitarios también son atacados por las fuerzas armadas para intimidar tanto a sus oponentes como a las poblaciones locales, lo que constituye una violación total de todas las convenciones internacionales.

Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP dice: «Los sindicatos están luchando por poner fin a la violencia en el mundo del trabajo y en la sociedad. Apoyamos soluciones pacíficas, una cultura de diálogo basada en el derecho humano a la salud, la paz y la protección social. En todos los países, necesitamos un firme compromiso de los gobiernos para abordar las causas profundamente arraigadas de la violencia contra la mujer: la desigualdad y la discriminación. Los estados deben adoptar medidas adecuadas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres amenazadas, así como para la justicia, el asesoramiento y la educación para cambiar la mentalidad de las personas. Deben proporcionarse refugios a las mujeres maltratadas y es inaceptable que en virtud de las políticas de austeridad esos servicios públicos se supriman en muchos países. Los gobiernos también deben proporcionar espacios seguros a los refugiados, de los cuales las mujeres y las niñas son la mayoría, y velar por que se tengan en cuenta sus necesidades. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) reconoce los fuertes vínculos entre la salud, la protección social y el logro de la igualdad de género. Terminar la pobreza extrema, vivir en paz y en democracia, y alcanzar todos los objetivos mundiales de desarrollo sostenible significa que las sociedades deben proporcionar oportunidades para que todas las personas, especialmente las mujeres, prosperen a través de una nutrición, salud y educación de calidad.»

La evidencia de los estudios y experiencias de los trabajadores de la salud parte de la familia global de la ISP señala que, si bien los hombres y las mujeres del sector sufren diversas formas de violencia, las relaciones de poder en la sociedad que ven a las mujeres como ciudadanos de segunda clase se traducen en la realidad que las mujeres trabajadoras de la salud están especialmente afectadas. Los trabajadores de emergencia, los profesionales de la salud, en particular los paramédicos y las enfermeras son los dos grupos ocupacionales que se enfrentan a la violencia en el lugar de trabajo más a menudo.

Abordar la violencia requiere una respuesta proactiva dirigida a eliminar sus causas fundamentales. Los proyectos a largo plazo, que incluyen la evaluación constante de las diversas medidas adoptadas y que se basan en la participación y la negociación colectiva, son fundamentales. El establecimiento de estándares internacionales ejecutables y sistemas de monitoreo son fundamentales para actualizar la legislación existente sobre violencia en el lugar de trabajo, acoso y otras formas de violencia de género. Estos estándares son invaluables en países donde no hay legislación. En octubre se logró un importante acuerdo tripartito que permitirá plantear una norma internacional para combatir la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, en la que la violencia de género es una cuestión fundamental.

A través de campañas innovadoras, desde el lugar de trabajo hasta las acciones nacionales y regionales, las afiliadas de la ISP están utilizando su fuerza y poder colectivos para sensibilizar, romper el silencio, hacer campaña por las leyes nacionales y promover la adopción de una norma mundial de la OIT para eliminar violencia en el trabajo y en las comunidades. Al mismo tiempo, pedimos que se reconozca el papel central que desempeñan los servicios públicos de calidad sensibles al género y los servicios de salud universalmente accesibles para mantener una paz duradera y la recuperación del conflicto. La protección y el respeto de los trabajadores de la salud en las zonas de conflicto y en situaciones de emergencia es clave para garantizar la seguridad, los derechos humanos y la vida de todos.