UGT ha alertado sobre las condiciones laborales de las trabajadoras que se ocupan de gestionar vía telefónica la violencia de género. Junto con la catedrática e investigadora Marta Cabezas Fernández hemos elaborado un informe sobre la naturaleza de este trabajo y su gestión, actualmente externalizada y prestada por empresas regidas por convenios de seguridad priivada (Cometa) y telemárketing (016).

Nos han acompañado en esta presentación Vanesa Barco, secretaria de Mujer de FeSMC-UGT y Cristina Antoñanzas, vicesecrataria general de UGT, que ha puesto de relieve la necesidad de que sea la Administración quien asuma el control y la calidad de un servicio público tan sensible, habida cuenta de la elevada cifra de mujeres que son asesinadas cada año por sus parejas y exparejas. «Exigimos la prestación directa por parte de la administración pública del 016 y de COMETA, exigimos que la administración general del estado inicie de inmediato el proceso necesario a su prestación directa en cuanto concluyan los contratos ya suscritos. Las trabajadoras de este ámbito deberían estar bajo el paragüas del Convenio Único de la AGE».

Luz Martínez Ten, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT ha mostrado también su consternación por el hecho de que problema estructural, el de la violencia – que se cobra vidas casi cada día- esté laboralmente gestionado desde un tratamiento mercantil, con trabajadoras hacen su labor con un contrato de teleoperadoras y que tienen tres minutos para atender un caso de una mujer que está llamando porque teme por su vida.

Desde UGT queremos hacer una llamada de atención al Gobierno: los servicios públicos pierden su esencia al ser externalizados y precarizan las condiciones laborales, ya que aumentan la temporalidad y fragmentan la negociación colectiva. Brevemente, nuestro plan para la mejora del servicios es:

  • La Delegación de Gobierno debe ejercer la función de control de los contratos suscritos para la prestación de estos servicios establecida en la Ley de Contratación del Sector Público vigente. Para ello será imprescindible designar los recursos y establecer las directrices necesarias.
  • Crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, en tanto órgano de participación creado por la Ley Integral, que promueva la evaluación del impacto en la calidad en el empleo y en la calidad de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.
  • Garantizar que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas. Se debe verificar también que el personal directivo y los mandos medios sean especialistas en violencia de género. El personal a cargo del control de la calidad del servicio debe ser también especialista en violencia de género.
  • Replantear la evaluación del desempeño del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y a los estándares de calidad de los servicios públicos en esta materia y no de los call centers privados.

Los hallazgos de esta investigación son sólo la punta del iceberg de una problemática más amplia, la calidad del empleo y la calidad de los servicios públicos de violencia de género. En la segunda fase de este proyecto de investigación estudiaremos la precariedad laboral en los servicios de atención a la violencia de género que son competencia autonómica y municipal y que viene denunciando la Plataforma en Defensa de los Recursos de la Red de Violencia de género. Este será nuestro reto para 2019.

Hemos elaborado un número especial de nuestra revista La Karishina sobre este problema

Puedes consultar el informe completo aquí