El Ministerio de Hacienda presentó este martes a los sindicatos un plan para que los empleados públicos recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. La propuesta, que UGT intentará mejorar en la reunión de hoy, consiste en una subida de sueldo fija del 1,5% en 2018 y otra subida variable ligada a la evolución de la economía, según fuentes oficiales. En 2019, el incremento sería del 1,75% más la parte variable. Y en 2020, la parte asegurada ascendería al 2% y habría que añadir la vinculada al PIB. La suma de las partes fija (5,25 puntos) y variable no podrá superar el 7,25% en este periodo de tres años. Los sindicatos rechazan la propuesta por insuficiente.

La parte variable consistiría en un 0,25% adicional en 2018 y un 0,5% en 2019 y en 2020 solo si se cumplen las previsiones de crecimiento económico del Gobierno para los próximos tres años. Si además el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018 y el 0,75% en 2019 y en 2020. La subida salarial total podría alcanzar el 7,25% en el periodo, siempre que la economía mantenga el ritmo de crecimiento actual. Esto supondría un coste adicional de unos 8.000 millones para las arcas del conjunto de administraciones.

Los sindicatos han rechazado la propuesta sobre todo por el componente variable. La consideran insuficiente y amenazan con movilizaciones para este otoño. Además, advierten de que presionarán al resto de grupos parlamentarios para que no respalden en el Congreso las cuentas públicas del próximo año. Recuerdan que han perdido un 14% de poder adquisitivo en la crisis y que fueron uno de los sectores más castigados con los recortes.

Las centrales han reclamado la supresión de la tasa de reposición —las sustituciones de bajas en la plantilla— y la reducción del número de interinos. Hacienda se ha mostrado favorable a aumentar las plantillas en los sectores más mermados y se ha comprometido a reducir la temporalidad en todos los sectores de la Administración. Ahora hay un acuerdo para reducirlo solo en sectores como la sanidad, la educación y la justicia. UGT ha elaborado un gráfico que detalla la pérdida de empleo público por sectores en los últimos cuatro años.

Otra de las reclamaciones es que se abra la posibilidad de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales. Defienden que Hacienda permita, al menos, establecerla a aquellas administraciones que así lo decidan. Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid han tratado de reducir la jornada laboral y algunas se han topado con los recursos del Ejecutivo central oponiéndose. La secretaria de Estado de Función Pública se ha mostrado reacia a aprobar la medida con carácter general porque cifra su coste en unos 1.200 millones.

Los sindicatos han advertido a Hacienda de las consecuencias de no lograr un acuerdo. Se ha convocado una nueva reunión para este miércoles a las 16 horas, pero se antoja difícil que haya cambios de última hora. De haberlos se dejarían para negociarlos en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, llamadas a ser las últimas de la actual legislatura.

El reprensentante de UGT, Frederic Monell, ha explicado al termino de la reunión que «no hay cerrado nada definitivo». Se ha mostrado decepcionado porque hoy «no se ha avanzado lo que pensábamos». Reconoce que Hacienda ha mejorado su propuesta respecto a la que presentó la semana pasada pero esta sigue siendo insuficiente, según ha insistido Monell. «Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. La pérdida ha sido muy significativa», ha recalcado al tiempo que ha admitido que podían admitir la subida salarial que afecta a la parte fija que propone Hacienda pero el porcentaje variable resulta insuficiente.