Ley del Contratos del Estado, aprobada en el Senado, facilita la entrada en la Administración Pública a las empresas que menos respetan a los trabajadores; también en servicios públicos esenciales, lo que además supone un riesgo para la calidad el servicio que recibe el ciudadano. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT lamenta que el Gobierno haya aprovechado esta oportunidad para para reforzar su nefasta reforma laboral. Las enmiendas que ha introducido durante su tramitación en el Senado insisten en que el convenio de aplicación sea el de la empresa, obviando las garantías negociadas en el convenio sectorial.

El proyecto de ley de contratos del sector público se presentó a principios de año por decisión del Gobierno que aprovechó la trasposición de varias directivas de la Unión Europea  para modificar completamente el marco normativo que regula la contratación pública. Es una ley complicada y densa que, pese a no ser muy conocida, contiene una parte muy importante del porcentaje del Presupuesto con que cuentan las Administraciones Públicas es gestionada a través de contratos públicos. Además, en los últimos años, se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar, aproximadamente, el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). Ello tiene gran trascendencia en el empleo, público y privado, así como en la calidad de los Servicios Públicos.

UGT se reunió con la mayoría de los grupos parlamentarios para presentar sus observaciones e inquietudes ante el proyecto que pasaban por resaltar lo que recogen las Directivas Europeas relacionadas con esta materia, tanto la 2014/23 como la 2014/24, de modo que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste económico como único criterio de concesión y, por otro lado, que se valoren en la relación calidad/precio, tantos aspectos cualitativos como se considere en función de situación social y medioambiental. Pero el Partido Popular diseñó un Proyecto de Ley que trasponía, exclusivamente, los aspectos que le interesaban. Pero el Partido Popular diseñó un Proyecto de Ley que trasponía, exclusivamente, los aspectos que le interesaban, en especial reforzando la unidad empresarial de negociación colectiva. “Con esta normativa –señala María Jesús Díaz, secretaria de Acción sindical de FeSP-UGT– El Gobierno arremete contra el sector público sus trabajadores, que son garantes de la igualdad entre los ciudadanos”.

En esta línea, el texto tiene una escasa regulación materia de subrogación en caso de que la Administración Pública decida rescatar el servicio de la concesión.