La educación se ha convertido en una de las competencias prioritarias asumidas por las comunidades autónomas; de hecho, es en el ámbito autonómico donde se gestionan y concretan las acciones que incidirán en la equidad y calidad de la enseñanza.

Las Administraciones educativas y las corporaciones locales, en el marco de sus atribuciones, ostentan la responsabilidad de lograr una mayor eficacia de los recursos educativos.

Los Gobiernos autonómicos son claves para adaptar el sistema educativo a las singularidades y necesidades particulares de cada territorio, dado que los sistemas educativos autonómicos son muy diferentes en cada uno de los niveles educativos en dimensión, amplitud, complejidad, organización, recursos y resultados. A lo largo de estos años, y dependiendo de los diferentes enfoques políticos, las desigualdades educativas entre comunidades autónomas se han hecho evidentes.

Los datos confirman estas diferencias entre territorios: desde el gasto por alumno, política de becas, escolarización 0-3 años, extensión de la red de centros públicos, conciertos, escolarización, construcción de nuevos centros, tasas universitarias, becas y ayudas y modelos lingüísticos, hasta resultados académicos, pasando por las cifras sobre fracaso y abandono escolar, actividades extraescolares, planes de infraestructuras…, aspectos que dependen directamente de las medidas y recursos implantados y regulados por los Gobiernos autonómicos.

El número de niños y niñas que acceden a la educación infantil, antes de los tres años, duplica en algunas comunidades al de otras. Lo mismo sucede con la tasa de matriculación universitaria de seis comunidades. Los recursos humanos y la amplitud de servicios que se ofrecen marcan distancias considerables. El alumnado de algunas comunidades alcanza niveles de competencia por encima de las medias internacionales, mientras que el de otras queda por debajo en desproporción equivalente al aprendizaje de un curso y medio. Son solo algunos ejemplos de las asimetrías existentes.

En este sentido, los Ayuntamientos juegan un papel primordial en sus apuestas por la universalización del ciclo 0-3, impulsando la creación de escuelas infantiles, abriendo centros en horarios extraescolares y proporcionando becas y ayudas al estudio a quienes más lo necesitan. Las corporaciones municipales deben exigir a sus respectivas Administraciones autonómicas el cumplimiento de sus obligaciones en materia de recursos humanos y económicos.

Por otro lado, desde el Parlamento Europeo se establecen una serie de objetivos y directrices para la cooperación europea en el ámbito de la educación. Estas directrices son las que van a marcar las medidas que los Estados miembros han de adoptar a escala nacional para alcanzar los objetivos educativos europeos; de ahí la importancia que tiene la elección de nuestros representantes.

Es el momento de elegir como ciudadanos la opción de Gobierno que contemple políticas educativas y actuaciones que ayuden a superar las carencias de cada territorio e impulsen el éxito escolar y la equidad. La potenciación de la escuela pública, la implantación de medidas para la compensación de desigualdades, la reversión de los recortes en gasto por alumno y en plantillas, la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la apuesta por centros inclusivos y coeducativos, la renovación e innovación educativa, la atención a la diversidad con programas de apoyo, son acciones que deben considerarse prioritarias si se quiere apostar por una educación que sea el pilar y el motor de cambio de nuestra sociedad.