La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reiterado su oposición a la Ley de Racionalización del Sector Público, ratificada el pasado jueves 11 de septiembre en el Congreso. Se trata de una ley que UGT considera negativa tanto en el contenido como en la forma. Desde el inicio se ha presentado sin mediar negociación. De forma unilateral, a través de enmiendas, se ha aprovechado para modificar sustancialmente el Estatuto Básico del Empleado Público, un documento que contó con un amplio consenso tras meses de intenso trabajo entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los representantes de los trabajadores.

 UGT ha señalado que la devolución de un “moscoso” no compensa los daños que producirá esta ley. La medida recorta servicios públicos y no restituye los derechos suprimidos a los empleados públicos. El sindicato recuerda que el colectivo ha sufrido una drástica pérdida de poder adquisitivo y, además, mantiene todavía muy por debajo los días de vacaciones y asuntos propios que se venían disfrutando antes del recorte.

 Sobre estos últimos, FSP-UGT ha informado de que el 25 de septiembre se dirimirá en la Audiencia Nacional el conflicto colectivo interpuesto por UGT por la supresión de moscosos y canosos.

 UGT reitera la falta de diálogo dentro las Administraciones Públicas, una situación que el Gobierno del Partido Popular ha convertido en endémica desde su entrada al poder.

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