Hace escasamente una semana se cumplía un año del fatídico incendio que arrasó el noroeste de España y donde fallecieron cuatro personas en Galicia. Precisamente cuando la Comisión Europea reclama a España una mejor gestión forestal para evitar incendios.

Un aniversario del que pocos se acuerdan ya, y que dejó en evidencia que los sistemas de emergencias por incendios forestales en tienen demasiados puntos “débiles” que fue capaz de solventar tal catástrofe con agilidad, y la magnitud superó con creces los recursos que se dispusieron en esos días, como ya pasara el verano del 2006. Un octubre que marcó, sin lugar a dudas, lo que fue un 2017 terrorífico en cuanto a incendios forestales. Por mostrar algunos datos, el año pasado ardieron 178.436 hectáreas (segundo peor año) y sucedieron 13.822 siniestros, casi duplicando la media que se sitúa en las 91.846 hectáreas.

Precisamente, hace también pocos días, el ministerio daba por finalizada la campaña alta por incendios forestales, y solo quedarán tres de sus BRIF en activo unos días más. Este no es un hecho aislado ministerial, puesto que desde finales de septiembre venimos asistiendo al cierre de bases y a continuos despidos en todas las autonomías, que haciendo alarde de los datos estadísticos, en el año más benévolo en lo que va de decenio, cuestión que ha venido a reforzar el olvido de años como el 2017, el 2015, el 2012, el 2009… Ven justificada su actuación de recortes o de mantenimiento de presupuestos destinados a tales fines. Eso sí, obviando en la mayoría de los territorios que el verdadero trabajo contra los incendios forestales empieza ahora, en la campaña invernal, con la realización de planes de defensa y los trabajos preventivos que den a nuestros montes y bosques la capacidad de resistencia a los incendios forestales.

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