El sindicato critica que no exista negociación entre la Dirección General de Función Pública y los representantes de los trabajadores en aspectos tan relevantes como la salud y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, lo cual ha llevado a UGT a interponer dos demandas en menos de 15 días.

La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM interpondrá hoy una nueva demanda ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por vulneración de derechos fundamentales por parte de la JCCM al limitar el disfrute de las vacaciones anuales de sus empleados al 14 de septiembre. En una instrucción publicada el 4 de junio, la Dirección General de Función Pública establece que todo el personal de la Administración General de la JCCM deberá disfrutar de la totalidad de sus vacaciones de 2020 antes del 15 de septiembre, lo cual no ha sido negociado ni consultado con los representantes de los trabajadores y vulnera, a juicio de UGT, lo establecido en toda la normativa y en la Constitución Española.

Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT CLM, considera inadmisible esta imposición porque “va en contra de toda normativa y vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución al limitar el periodo de disfrute mucho más allá de lo establecido para este personal en sus regulaciones específicas”, explica.

Monforte critica este “nuevo ataque” a los servicios y a los servidores públicos después de haber sido los garantes de unos servicios públicos de calidad imprescindibles en los peores momentos de la COVID-19. “Ni siquiera en los peores momentos de Cospedal se planteó una instrucción tan despótica y lesiva para el conjunto de empleadas y empleados públicos”, defiende.

UGT denuncia que la Junta este ejecutando todas las decisiones relativas a sus trabajadores sin llevar a cabo ningún tipo de negociación y avisa que no permitirá más retrocesos en los derechos del personal de la administración regional. En este sentido, UGT recuerda la denuncia de hace unos días ante el mismo tribunal por dictar la incorporación del personal a sus puestos de trabajo presencial sin negociar medidas de conciliación como han hecho en el resto de administraciones del país y, especialmente, sin ninguna garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID-19, “exponiendo al personal a riesgos innecesarios y sin protocolos claros que garanticen la protección de la salud”. Por el momento las dos organizaciones sindicales que finalmente denunciaron por este motivo a la administración regional siguen a la espera del posicionamiento del TSJ.