En menos de dos meses, en lo que va de año, 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, esta cifra sitúa el 2017 como peor año de la última década. La última víctima, asesinada por su marido ayer en Barcelona había acudido a las instituciones buscando protección. Había denunciado y tenía orden de alejamiento. Nos preguntamos ¿para qué ha servido? Horas después, la Fiscal de Sala Delegada para la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha reconocido que se prestó «una deficiente actuación y respuesta judicial» a la mujer asesinada. «No hemos sabido valorar adecuadamente el riesgo que corría esa mujer a nivel judicial porque había habido indicios, había denunciado dos veces, había pedido una orden de protección y se había acordado».

Mientras esto ocurría centenares de personas se reunieron ayer en la Puerta del Sol para mostrar su apoyo a las 5 mujeres que continúan en huelga de hambre tras 14 días que luchan por que la violencia machista sea «cuestión de estado».

Desde la FeSP nos reafirmamos en las 10 medidas exigidas al Gobierno el pasado noviembre entre ellas;  un pacto de Estado para el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género;  la adopción de medidas de coordinación institucional que impliquen a las unidades de igualdad de todas las subdelegaciones de Gobierno en la coordinación de policías, jueces, fiscales, la abogacía de oficio, así como el personal sanitario;  la dotación de competencias y presupuesto a las administraciones locales, y el desarrollo de programas de evaluación, ajuste y corrección de las políticas de protección a la víctima y sus protocolos de funcionamiento.

No podemos seguir aceptando que un Estado no pueda proteger a la mitad de su población,  la violencia machista no es inevitable.