El PP impide que los sindicatos puedan ser promotores de planes de Formación para empleados/as públicos/as
La entrada en vigor de la Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral, impide que las organizaciones sindicales puedan ser promotores de planes de formación para el empleo de los empleados públicos.
Desde el pasado 11 de septiembre de 2015, que entró en vigor la Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral, las organizaciones sindicales quedaron excluidas de la ejecución de acciones formativas en los planes de formación dirigidos a los empleados públicos de las distintas administraciones.
Por tal motivo la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, lamentablemente no podrá continuar con la programación de planes de formación de acciones formativas orientadas al perfeccionamiento, la mejora de sus competencias y la cualificación de los empleados públicos como se ha venido desarrollando por este sindicato durante los últimos 20 años.
Nos cuesta comprender, que un modelo específico de formación de trabajadores de la Administración Pública, desarrollado bajo un acuerdo específico, “Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas” y con el beneplácito de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Organizaciones Sindicales, se haya obstaculizado su pleno desarrollo, por el Gobierno del PP cuando el nivel de satisfacción es unánime en todos los participantes.
No obstante, la Federación de Servicios Públicos de UGT, seguirá en su empeño de mantener el citado acuerdo AFEDAP, con las adaptaciones oportunas en el seno de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. Mientras tanto, nuestra organización seguirá cumpliendo el papel protagonista de la negociación colectiva y el diálogo social como herramientas esenciales para contar con un sistema más eficaz y orientado a satisfacer las necesidades y derechos de los empleados públicos.