La nómina de este mes también incluirá para todos los empleados públicos el aumento del 0,25% ligada al crecimiento de la PIB

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT tiene la confirmación de que prácticamente la totalidad del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) cobrará en su nómina de julio 280 euros provenientes de los fondos adicionales.

El pasado mes de marzo, el Gobierno firmó con UGT, CCOO y USO la aplicación de estos fondos adicionales previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de las Condiciones de Trabajo, suscrito en 2018. Desde esa fecha, UGT ha insistido a la Administración el abono de esta paga, ya no existián razones objetivas para demorarla pues la masa salarial de los Presupuestos Generales del Estado a los que corresponde este concepto es la derivada de los fondos adicionales de 2018. Finalmente, el abono se producirá en la nómina del mes de julio.

En total, 10.175.000 de euros dirigidos a disminuir la injustificable la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario en el ámbito de la AGE. La cantidad acordada es de 280€ para cada trabajador o trabajadora que se añadirán a su nómina.

Según datos de UGT, algunos organismos como el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) y el Institutno Nacional de Estadística (INE) han abonado esta cifra en el mes de junio, el resto lo cobrará en el mes de Julio, junto a la subida salarial del 0,25% correspondiente a la consecución de los objetivos del PIB. Esta última cantidad se hace extensivo a los empleados públicos de todas las administraciones y el importe asciende a 280 millones de euros.

UGT ha señalado que no se podrá realizar el abono de los atrasos de 2019 para el personal laboral al que se aplique la nueva estructura establecida en el IV Convenio Único de la AGE hasta que no finalice la clasificación de los trabajadores en ésta. El IV Convenio fijó una nueva clasificación profesional y se asignó unos fondos adicionales para implementarla y disminuir la brecha salarial entre personal laboral y funcionario, estableciendo el salario mínimo en la AGE en 1.150 euros. UGT ha reclamado a la Administración que agilice el proceso para que todo el personal laboral que se beneficiará de esta medida pueda cobrar sus atrasos lo antes posible.