El 14 de enero se constituyó la Comisión Negociadora del que será el IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, tal y como mandata el artículo 89.2 del Estatuto de los Trabajadores (un mes a partir de la denuncia que presentaron UGT y CCOO el 15 de diciembre).

Desde el reconocimiento de las dificultades que entraña la negociación de un convenio con un ámbito personal (casi 50.000 trabajadores) y territorial tan diverso y disperso como es el de la Administración General del Estado, UGT ha puesto de manifiesto los objetivos fundamentales que persigue en el proceso negociador, y que pasan por obtener unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el ámbito del Convenio.

En materia retributiva. Los representantes de los trabajadores de ambos sindicatos plantean un punto de partida: la recuperación de las tablas retributivas vigentes en mayo de 2010. Se trata de comenzar con un 5% de incremento salarial y, partir de esas tablas retributivas, el incremento anual debe ser, como mínimo, homogéneo con el pactado con la patronal privada en AENC, fijando un mínimo de 1.200 € por mes. Además se trabajará para incluir cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Es primordial, también establecer de manera homogénea, objetiva y completa el marco de las retribuciones complementarias. Esto significa, entre otras cuestiones, definir y cuantificar el complemento de carrera profesional, eliminar los obstáculos a las reclamaciones judiciales sobre complementos o mejora de la regulación de la turnicidad y la nocturnidad y compensar las horas extraordinarias según la opción que elija la propia persona trabajadora. También se planteará la posibilidad de establecer otros complementos como jornada tarde, alertas, domingos y festivos, algunos pendientes aún del III Convenio.

En materia de Clasificación Profesional. Los representantes de los trabajadores piden la integración de grupos profesionales conforme al Estatuto Básico del Empleados Públicos (EBEP) y Marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES). Esto supone tanto la creación para personal laboral de un grupo profesional equivalente al B de los funcionarios, recogido en el EBEP, como la reclasificación de los grupos según titulaciones de acceso y funciones. También pide la determinación de funciones de los puestos de trabajo y asignación de especialidades (incluyendo integración no regladas).

El sindicato también pedirá la jornada laboral ordinaria de 35 horas, la mejora de los permisos relacionados con conciliación y formación; la implantación de la jubilación parcial y analizar la aplicación de otro tipo de jubilaciones anticipadas; IT hasta el 100% de las retribuciones; fomentar la movilidad voluntaria y la promoción interna y garantizar la estabilidad en el empleo, mediante el derecho a la inamovilidad en la condición de empleada o empleado público.

Las partes se emplazaron a establecer el calendario y el plan de negociación preceptivos en la próxima reunión que tendrá lugar la última semana de este mes de enero.