La Federación de Empleadas y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de  UGT y el Área Pública de CCOO han acordado iniciar una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema “Ahora: salarios, empleo público y derechos”, que presentarán en rueda de prensa el próximo martes, 14 de noviembre, a las 10:30 horas en la sede de CCOO en Madrid (C/ Fernández de la Hoz, 21). En dicha rueda intervendrán el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, y el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández.

Ambas organizaciones se van a dirigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos.

En este sentido, los dos sindicatos entienden que no puede ser un impedimento para ello la propia prórroga de los Presupuestos, pues existen antecedentes. En 1990 y 1996, por ejemplo, se introdujeron mejoras en las leyes de presupuestos, en materia salarial, de empleo u otras condiciones laborales.

Informe del Banco de España: “Se han perdido cerca de 350.000 empleos públicos”

En cuanto a la reciente publicación del informe del Banco de España La evolución del empleo de las administraciones públicas en la última década, CCOO y UGT inciden en que, a pesar de que el volumen de empleo público sea similar al de 2007, desde 2010 se han perdido cerca de 350.000 empleos públicos, según datos de la EPA y como así recoge el informe.

UGT y CCOO también recuerdan que es vital recuperar el volumen de empleo público puesto que el envejecimiento de las plantillas en el sector público sigue en aumento. Según la última EPA, el 43.1% de los trabajadores/as tienen más de 50 años. Mientras, el colectivo de las y los menores de 30 años tan solo representa el 6.5%. Por lo tanto, si no se renuevan las plantillas en pocos años podría haber muchos servicios públicos al borde del colapso por falta de personal —como ya está ocurriendo actualmente—, o incluso podrían llegar a desaparecer. Un ejemplo de este problema es la Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de la plantilla.

Asimismo el Banco de España sostiene que “el empleo de las administraciones públicas en España se situó en 2015 en el 6,3% de toda la población activa”, bastante inferior a la media de la Unión Europea, que está en un 8,4%, y por debajo de los países con mayor presencia pública en la provisión directa de bienes y servicios, como Suecia o Francia. El informe también afirma que España está en un “nivel similar al de países como Italia, Portugal o Alemania”, pero no dice que, por ejemplo, en Alemania el personal sanitario no computa mayoritariamente como empleo público a efectos estadísticos, por lo que las cifras de España quedarían bastante peor en esta comparativa.

Por todo esto, ambas organizaciones insisten en la necesidad de ampliar y consolidar el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de este año, tanto en el desarrollo del proceso de estabilización —para reducir al menos al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas—, como en la eliminación de la tasa de reposición que permita no sólo recuperar los aproximadamente 350.000 empleos públicos perdidos en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo.