Ante el anuncio de aplazamiento de las oposiciones UGT apunta a la incertidumbre que se genera respecto a la gestión de bolsas de trabajo agotadas, a las solicitudes ya registradas y, en definitiva, a la OPE de 2020 en su conjunto, así como a las oposiciones de enseñanzas primarias previstas para el verano de 2021.

UGT Enseñanza CLM critica la disparidad de criterios entre las comunidades autónomas para decidir si las oposiciones de Enseñanzas Medias previstas en todas ellas para el verano de 2020 se podrán finalmente celebrar o no por la emergencia sanitaria del COVID-19. El sindicato había pedido máxima coordinación entre ellas para no provocar perjuicios en ninguna y lamenta que Madrid, País Vasco, Galicia y Cataluña hayan decidido algo diferente, mantener las oposiciones, frente a lo que han consensuado 13 Comunidades, entre ellas CLM, aplazarlas al verano de 2021.

Manuel Amigo, responsable del sector enseñanza de FeSP UGT CLM, recuerda que la competencia de convocar o no las oposiciones es una competencia exclusiva de cada una de las comunidades autónomas, pero la convocatoria o no en un territorio afecta a todos los demás, ya que el número de opositores en cada proceso se ve supeditado a cuantas se convoquen a la vez. Algo que aún está por ver cómo sucederá, ya que la Comunidad de Madrid ha asegurado que de prolongarse el estado de alarma más allá del 12 de abril también las pospondrá.

El hecho de aplazarlas en CLM genera un entorno inédito, ya que según Amigo la Consejería de Educación tendrá que regular aspectos como la gestión de bolsas de trabajo agotadas, qué hacer con las solicitudes ya registradas para esta oposición y ver cómo afecta la nueva fecha las oposiciones de Enseñanzas Primarias previstas para el verano de 2021. Además de decidir si es preciso anular la Oferta de Empleo Público de 2020 para luego volver a ofertarla en 2021 o bien aplazara sin más.

Por último, UGT exigirá a la consejería que al margen de estas cuestiones el aplazamiento no suponga en ningún caso la pérdida de plazas, algo que perjudicaría un sistema público de enseñanza que ya está pasando por una situación precaria a causa del COVID-19.