Ambas organizaciones sindicales organizarán concentraciones ante los centros de los principales grupos empresariales del sector, para desbloquear la situación del Convenio colectivo que afecta a más de 250.000 trabajadoras del sector. CCOO y UGT intensificarán las medidas de presión para reclamar un convenio marco justo para dicho sector, así como el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno en materia de financiación.

UGT y CCOO denuncian que el convenio marco estatal de la Dependencia, que afecta a 250.000 trabajadoras en todo el país, se encuentra paralizado debido a la negativa de la patronal a dignificar las condiciones laborales y retributivas de las trabajadoras del sector. Por ello, anuncian nuevas movilizaciones para el próximo mes de marzo, que tendrán lugar a las puertas de los centros de los principales grupos empresariales del sector. Empresas que se niegan a reconocer las pésimas condiciones de trabajo que sufren sus trabajadoras y que están repercutiendo de forma negativa en su salud y, por ende, en la calidad asistencial que pueden ofrecer.

La Dependencia es un sector altamente feminizado, que presenta, con mayor frecuencia que la población en general, trastornos músculo-esqueléticos relacionados con la manipulación de cargas, a causa de la atención a los mayores con movilidad reducida. Además la presión asistencial es bastante elevada debido a que las ratios entre el número de gerocultoras y los usuarios a los que es preciso atender no son adecuadas. Todo esto trae consigo que sea un sector con un nivel de medicalización muy por encima de la media estatal (un 8,6% consume tranquilizantes y somníferos frente al 7,3% de la media estatal, según la Encuesta de Edades del Ministerio de Sanidad) y cuyas retribuciones están muy por debajo de la media del Estado, con algunas trabajadoras por debajo de los 1000 euros mensuales, lo que contribuye claramente en la brecha salarial de género que existe en este país y a la generación de trabajadoras pobres.

Asimismo, ambos sindicatos registraron el pasado 31 de enero un escrito solicitando al vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, una reunión para trasladarle la situación que vive el sector de la Dependencia, que depende de financiación pública, al ser servicios públicos prestados por empresas privadas a través de licitaciones.

Los sindicatos denuncian que en estos momentos el Gobierno está incumpliendo la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, dado que las Comunidades están soportando el 83% del gasto que supone la atención a las personas dependientes y el Estado sólo aporta el 17%.

UGT y CCOO consideran necesario que las distintas Administraciones públicas se comprometan a mejorar los pliegos de condiciones para garantizar unas condiciones de trabajo y salariales dignas a las trabajadoras del sector.