Los empleados y empleadas públicas de prisiones se han concentrado hoy martes 6 de noviembre a las puertas de la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real para exigir al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que cumpla su palabra y retome las negociaciones con el objetivo de poner fin al conflicto laboral que tiene al colectivo en pie de guerra durante más de 18 meses.

Y es que durante el acto de concentración los representantes sindicales que forman parte de la plataforma compuesta por CC.OO, CSIF, ACAIP, CIGA Y UGT, han denunciado que el colectivo se siente abandonado durante hace años y ningún responsable político del anterior gobierno ni del actual tiene voluntad política para buscar soluciones.

En este sentido han recordado que el colectivo se ha sentido humillado por la administración “ya que el PSOE cuando estaba en la oposición hizo suyas nuestras reivindicaciones presentando una proposición no de ley para la revisión de las categorías de los centros penitenciarios y cuando llegaron al gobierno nos situaron como una prioridad” “y ahora no quieren saber nada de nosotros”.

Por ello han manifestado no entender que se les haya engañado “porque ahora que tienen responsabilidad de gobierno no cumplen con lo prometido” y han pedido al ministro que recapacite y vuelva a la vía de la negociación retomando la propuesta de mejora laboral y salarial presentada el pasado 25 de septiembre y retirada 3 días después.

Los componentes de la plataforma sindical ‘Prisiones en Huelga’ han demandado una solución urgente para el problema de la clasificación de centros penitenciarios que crea brechas salariales de hasta 700 euros, de las 3400 vacantes que están sin cubrir, de las continuas agresiones que sufre el colectivo, para ser reconocidos como agentes de la autoridad o el frenar las privatizaciones que han llegado a servicios como mantenimiento, limpieza o seguridad exterior.

También han manifestado que hoy han salido a la calle, y no se han quedado en los centros penitenciarios, con el objetivo de ser visibles “que la sociedad sepa que existimos” “que cuando un delincuente comete un delito que genera alarma social y entra en prisión los que nos encargamos de su custodia durante años así como de cumplir el mandato constitucional de la reeducación y reinserción social somos los empleados públicos de prisiones” han aseverado.