La responsable federal del Sindicato de Justicia de la FSP/UGT ha denunciado, hoy en Valladolid, las intenciones del Gobierno de privatizar la Administración de Justicia. "La Administración de Justicia en este país siempre ha sido el patito feo de los Servicios Públicos".

Un servicio público al que los ciudadanos acuden a demandar la tutela judicial efectiva, o sea un derecho fundamental en nuestro país, para poder reclamar nuestros derechos y libertades, nunca ha interesado a ningún partido del gobierno. Y de ahí, que en España tengamos una Administración casi del siglo XIX. Siempre carente de medios tecnológicos y medios personales que han generado una Justicia lenta y distante del ciudadano.

Pero con la llega al gobierno del PP y con el ex Ministro Gallardón al frente de la cartera de Justicia, este servicio público ha sufrido la mayor embestida de la ideología liberal que impera en estos momentos en España. Y la fórmula mágica aplicada por el Sr. Gallardón para intentar modernizar y mejorar la Justicia ha sido comenzar su privatización en lugar de aplicar un mayor presupuesto para mejorar las tecnologías y aplicaciones informáticas y dotarnos de los medios personales necesarios para reducir los tiempos en las resoluciones judiciales y tener una justicia moderna y ágil.

  • Su primera embestida fue poner en marcha la nueva Ley de Tasas Judiciales, entró en vigor en febrero del 2012. Con ello, se ha conseguido una Justicia para ricos y otra para pobres, pues desde su aprobación muchos ciudadanos de este país se han visto coartados para poder acudir a la Justicia a defender y reclamar sus derechos, especialmente la clase media y clase baja, igualmente se ha dificultado a los funcionarios públicos el poder reclamar sus derechos laborales y retributivos por una imposición de costas muy elevada, antes inexistente.
  • Continuaremos con la privatización del Registro Civil, un servicio público por el que tenemos que pasar todos los ciudadanos en numerosas ocasiones a lo largo de nuestro país, y que ahora va a pasar a manos de los Registradores Mercantiles, sin ninguna garantía en la salvaguarda de los datos más íntimos de nuestra vida, y con seguro un coste económico para el usuario que tenga que acudir a este servicio. Ya tenemos un ejemplo, los expedientes de nacionalidad, ya no son gratuitos, habrá que pagar una tasa para su solicitud aunque después te lo denieguen, y la prueba de idioma que hay que pasar obligatoriamente para obtener la nacionalidad también va a ser privatizada, entregándose a el Instituto Cervantes y conllevando otra tasa de treinta euros. Su gestión ha recaído ahora en los Registradores de la Propiedad y los Notarios.
  • Ley de la Jurisdicción Voluntaria, aprobada en consejo de Ministros el pasado 1 de agosto del 2014, ha significado otra privatización y desmantelamiento de la Administración de Justicia en las siguientes materias:

– Los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales, saliendo de los Juzgados de lo mercantil.

– Los notarios, expedientes relativos a la declaración de herederos cuando no haya testamento y la protocolización de los testamentos ológrafos (manuscritos) o los otorgados verbalmente, así como enlaces matrimoniales, y separaciones y divorcios.

  • Anteproyecto de LOPJ, informada en Consejo de Ministros en abril del 2014, contiene la entrega de actos de comunicación a los Procuradores.

Todo ello ha sido gestado previa campaña de descrédito y ataque a los funcionarios de la Administración de Justicia, poniendo en cuestión nuestra profesionalidad y calidad en el servicio que prestamos, en los tiempos de respuesta al ciudadano, para así tener argumentos ante la sociedad para emprender esta privatización de un servicio público fundamental.

No podemos obviar además, las condiciones laborales penosas en que el personal de la Administración de Justicia (funcionarios y personal laboral) desempeñamos nuestro trabajo día a día. Además, habiendo sufrido un ataque sin precedentes en nuestros derechos laborales y retributivos jamás conocidos en este país, camuflado bajo el paraguas de la austeridad.

Pero para UGT estas privatizaciones de los servicios públicos no responden sólo a las medidas de austeridad por la crisis económica sino a una ideología política de destrucción y desmantelamiento del estado de bienestar y de los servicios públicos de nuestro país.