La organización sindical hace esta valoración ante el anuncio de Hacienda de traspasar la competencia a las entidades locales, más saneadas económicamente que las Comunidades Autónomas.

UGT ha denunciado sistemáticamente la situación que viven en nuestro país tanto las personas dependientes como las trabajadoras que dispensan este servicio. La promulgación de la Ley de la Dependencia, que venía a dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, no ha cumplido las expectativas.

La Ley se publicitó como una fuente generadora de empleo, pero al no existir dispositivo público suficiente se dio entrada a la participación de empresas privadas, concertando con ellas plazas de residencias, servicios de Teleasistencia y de Ayuda a domicilio. El empleo generado ha resultado ser precario, tanto por las condiciones laborales como por la temporalidad de estos contratos. “Es además un sector muy feminizado, y desde UGT no podemos quedarnos impasibles ante la precarización de estos trabajos desempeñados por mujeres. Las mujeres constituyen una pieza clave en el ejercicio de los cuidados y vamos a luchar por ponerlas en valor”, subraya Gracia Álvarez, responsable del sector de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT.

Álvarez reclama una financiación adecuada y de carácter finalista para la Dependencia e insta a los poderes públicos a cumplir con su obligación: garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la Dependencia cumplan su objetivo tanto en la calidad de la atención a los mayores como en la estabilidad y calidad de las condiciones laborales de estas profesionales.