UGT se congratula de que el Gobierno haya tomado la decisión de abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la Sociedad Civil para elaborar en el plazo de 6 semanas un RDL que garantice la universalidad de la sanidad en España. Y espera el Gobierno cite de manera inmediata a los sindicatos para iniciar esas negociaciones.

Cumplir los tratados internacionales que suscribe España no es una opción, es una obligación como viene reclamando UGT desde hace ya años. Como sabe bien la ministra de Sanidad,  no solo eso sino que, además, España ha sido condenada por el CEDS, Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, por incumplir la Carta Social Europea al excluir a los inmigrantes no regularizados del sistema de salud.

El sindicato recuerda que hace tan solo siete días envió junto a otras 36 organizaciones un manifiesto conjunto para instar a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a que adoptara sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa.

Este documento, con el título ‘Es hora de la sanidad universal’, recuerda el compromiso expresado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la moción de censura en el Congreso sobre su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España que fueron excluidas de ella.

Este anuncio recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja, a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Confiamos que  Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad al sistema sanitario.

Seis años de «devastadores efectos» del RDL 16/2012

Desde la aprobación del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012, se ha expulsado a cientos de miles de personas del SNS y la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar.
A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las comunidades autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

Además, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. También un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

El RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. La importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. El Gobierno debe recapitalizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.