UGT quiere condenar rotundamente la última agresión sufrida en el día de ayer por un médico y una enfermera, mientras se encontraban de guardia en el Centro de Salud de Camarena en Toledo, y pide la puesta en marcha de medidas eficaces que garanticen la seguridad de los profesionales y eviten al máximo que se produzcan nuevas agresiones.

Tras la modificación del artículo 550 del Código Penal en 2015 se considera al personal sanitario como autoridad pública, lo que significa que agresiones como las de ayer puede suponer la imposición de penas de prisión al haberse producido en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido se pronuncia el artículo 550 que establece «Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo»

 «Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad» (…)  Son actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de sus funciones propias de sus cargo, o con ocasión de ellas».

UGT solicita la revisión de las Evaluaciones por parte de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales en todos los servicios, Equipos y unidades Dependientes del Servicos de Salud de Castilla- La Mancha y la puesta en marcha de actividades preventivas que eviten al máximo éste y otros riesgos a los que están expuestos los profesionales.

Todo ello unido a una perfecta coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con sus interlocutores debiendo desarrollarse, a su juicio, por la autoridad competente protocolos claros que faciliten al profesional los pasos a seguir ante cualquier agresión.

UGT desea la pronta recuperación del profesional agredido y se pone a su disposición y a la de sus familias para todas aquellas gestiones y /o trámites que deban realizar.