El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT discrepa de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la financiación con fondos públicos de la educación que segrega por sexos, y considera inadmisible que una decisión respetable de padres o tutores en su apuesta por este tipo de educación tenga que ser sufragada por todos los ciudadanos.

A falta de que se conozca la argumentación de la sentencia, FeSP-UGT recuerda su rechazo a las disposiciones recogidas en la LOMCE que daban carta de naturaleza a la financiación pública de la educación que separa al alumnado por sexo.

El sindicato sigue considerando que la elección por parte de padres o tutores de esta modalidad educativa es una decisión de carácter personal que ha de ser respetada. Por el contrario, y teniendo en cuenta que los recursos públicos son limitados, no considera que su financiación deba realizarse con dinero de todos. FeSP-UGT sigue entendiendo que, aunque la legislación educativa no lo determine expresamente, la segregación del alumnado por sexo es contraria al artículo 14 de la Constitución.

La sentencia del Tribunal Constitucional  ha contado con una mayoría de ocho votos, y se ha anunciado la existencia de un voto concurrente –que está de acuerdo con la decisión tomada, pero no con el planteamiento- de la vicepresidenta del tribunal, y los votos particulares de cuatro magistrados, que discrepan de la decisión adoptada. Una vez que se haga pública esa argumentación jurídica, será necesario realizar un análisis más detallado.

FeSP-UGT considera también que el tratamiento que la LOMCE da a la asignatura de Religión como una materia evaluable no se ajusta a la definición de España como un Estado aconfesional. Seguimos creyendo que es necesario que el estudio confesional de las religiones se lleve a cabo fuera del ámbito escolar y que en ningún caso ha de condicionar la evaluación global del alumnado para su acceso a otros niveles educativos.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT vuelve a reclamar la negociación de una nueva ley educativa y recuerda el compromiso de proceder a la derogación de la LOMCE contraído en 2013 por todos los grupos de oposición de ese momento, a excepción de UPyD, con la comunidad educativa.