En el día de hoy los funcionarios de justicia se  han concentrado   nuevamente, a las puertas de los Juzgados de capital, para protestar por lo que consideran una nueva agresión por parte del Ministerio al que pertenecen ya que el mismo pretende introducir de forma unilateral modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afectan considerablemente a sus condiciones laborales, y sin que las mismas hayan sido negociadas con los representantes sindicales.

A estas reclamaciones que comenzaron con una campaña de recogida de firmas en febrero para  obligar al Ministerio de Justicia a convocar mesa de negociación de las condiciones laborales y retributivas de lo funcionarios de la Administración de Justicia no trasferidos, según ha informado José Cabellos, secretaria  del Sector AGE y Justicia  de la Federación de empleadas y empleados de los  Servicios Publicos de UGT de Castilla-La Mancha, se suman las   que con  carácter general están realizando todos los funcionarios de Justicia del territorio nacional.

En este sentido Cabellos ha indicado que en este mes de abril se inicia otra campaña de recogida de firmas y de movilizaciones por parte de todas las organizaciones sindicales para que en la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial se recupere el 50% de la promoción interna, las sustituciones de Gestión a Letrados, se regule la carrera profesional, o se supriman los descuentos de baja por Incapacidad Temporal, entre otras. Propuestas, que ha apostillado, ya han sido planteadas al Ministerio y a los distintos Grupos Parlamentarios.

Para Cabellos es un despropósito que los representantes del Ministerio de Justicia “mintieran” cuando el 23 de febrero informaron a las organizaciones sindicales manifestando que sólo se querían introducir una serie de modificaciones «concretas y de carácter técnico» en algunos artículos de la LOPJ.

Lo que pone en evidencia este engaño, según ha detallado, es que el 27 de febrero el Ministerio de Justicia presentó en el Congreso más de 50 enmiendas a la LOPJ que van mucho más allá de modificaciones concretas y del carácter técnico que anunció.

Además, para Josefa Cabellos es un desprecio a sus trabajadores que el Ministerio no haya sido capaz de introducir ninguna de las enmiendas presentadas por las organizaciones sindicales de mejora de las condiciones laborales y profesionales de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Por todo ello, desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT como medida previa han iniciado una campaña de recogida de firmas entre todos los trabajadores de la Administración de Justicia con la que se solicita como medidas más importantes que no se supriman los actuales centros de destino, que no se incremente la capacidad discrecional de los Letrados a los que se atribuye no sólo la dirección técnico procesal de la oficina sino también la funcional, que no se incremente el control político de la oficina judicial, que no se genere una  indeterminación del destino real (y en consecuencia de las funciones y tareas atribuidas, así como de la posibilidad de establecer castigos y premios relacionados con el destino) .

En lo que al destino se refiere la indeterminación según Cabellos vendría generada por la creación de órganos comarcalizados que asumen su competencia sobre varios partidos judiciales, por contar con una única UPAD que preste servicio a varios órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional, por la restricción de las causas de nombramientos del personal interino, limitando el nombramiento de refuerzos a un plazo máximo de seis meses, así como la imposibilidad de nombrar personal de refuerzo de los cuerpos generales cuando se nombren jueces de refuerzo en un órgano, sobrecargándose así de forma inaceptable el trabajo del personal del juzgado.