El curso escolar que comienza está marcado por el estancamiento que viene sufriendo la educación en los últimos años. La intencionalidad política para revitalizarla es nula. Ni la Lomce, ni su desarrollo, con todos los problemas que ha generado, han hecho posible una dinámica institucional que active el panorama educativo.

En el pasado curso escolar se produjeron múltiples intervenciones en la Subcomisión de Educación con la finalidad de dar forma a un Pacto Educativo. Lo único que se ha conseguido es dar largas a un proceso que para el sindicato es inviable por la falta de voluntad política del Gobierno. El ministro de Educación sigue sin liderar el proceso y sin ejercer como tal, delegando en la Subcomisión cualquier cuestión educativa.

Otra muestra más de este estancamiento y de la falta de coordinación y planificación educativa es el paripé que se hace con la Conferencia Sectorial y el papel que ha de desempeñar. Nuestro modelo de Estado requiere coordinar las políticas educativas y cohesionarlas, de ahí la necesidad de dinamizarla.

La persistencia de recortes marca el inicio del curso 2017-2018 para unos 700.000 docentes y unos ocho millones de alumnos/as, a pesar del ligero incremento (1,7%) en los PGE de Educación, que sigue siendo insuficiente debido a la acumulación de recortes que en últimos diez años viene padeciendo el sistema educativo. España es el quinto país de la UE que menos invierte en Educación con un 4,1% del PIB, lejos de la media europea (4,9%). Una prioridad del Gobierno debería ser conseguir cuanto antes el 5% del PIB y seguir aumentando los presupuestos cada año.

Tal y como viene sucediendo en los últimos años, las noticias escolares de inicio de curso corroboran las deficiencias que sufre la educación. El aumento de las ratios y del horario lectivo del profesorado, el retraso en la cobertura de las sustituciones, la pérdida de puestos de trabajo en los centros docentes, la reducción de becas y ayudas de libros y comedores, la disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, así como de proyectos de atención a la diversidad, además de la falta de inversión en infraestructuras y materiales escolares, son solo una pequeña muestra de las medidas de ajuste a las que se está sometiendo al sistema educativo y al funcionamiento de los centros año tras año. A pesar de las declaraciones del Gobierno, las cifras muestran que se mantienen los recortes de 2012.

No hay que olvidar, además, que en los últimos años se han ido acumulando pérdidas de docentes -alrededor de 25.000 en la enseñanza pública-, debido a la reducción de profesorado interino y de plantillas en los centros, la supresión de apoyos y programas educativos, y la no cobertura de las jubilaciones y las bajas médicas, entre otras causas. En la enseñanza concertada, al no tener acuerdos de centros en crisis en todos los territorios, quienes pierden el puesto de trabajo no tienen garantizado su recolocación en otro centro educativo

El acuerdo sindical de 2017 alcanzado con Administraciones Públicas para reducir los índices de interinidad incrementando la OEP en tres años, permitirá recortar el porcentaje de interinidad que supera el 25% en muchas comunidades autónomas, índice muy lesivo para la necesaria y deseable estabilidad en el empleo del profesorado.

El sindicato considera una prioridad en la política educativa de todas las CCAA el aumento de las plantillas docentes con amplias ofertas de empleo público, así como la necesaria negociación de un nuevo RD de ingreso a la función pública docente a nivel estatal.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT denuncia una vez más que muchas de las propuestas de las Administraciones educativas siguen socavando la igualdad de oportunidades, al encarecer los servicios complementarios, los servicios de comedor y transporte y la disminución de las becas y ayudas para el estudio destinadas a las familias económicamente más desfavorecidas. Del mismo modo, las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as de la enseñanza empeoran año tras año: pérdida de poder adquisitivo, restricciones en la formación permanente, incremento de carga lectiva y ratios, penalización por bajas médicas, supresiones y desplazamientos del puesto de trabajo…

UGT impulsará las medidas de presión que considere oportunas para exigir que la educación sea considerada una prioridad, y luchará para que se reviertan los recortes y para que los profesionales del sector de la Enseñanza recuperen los derechos que con este Gobierno se han perdido.

Además, el sindicato reclama al Ministerio de Educación una verdadera negociación colectiva para el sector docente, que ha sido inexistente en los últimos años (basta recordar que en el último año tan solo ha habido una reunión MECD-Sindicatos). El diálogo social es imprescindible para discutir propuestas y llegar a acuerdos.