El que los PGE para 2017 hayan pasado su primer trámite parlamentario (al rechazarse, con empate,  las enmiendas de totalidad, gracias a los  votos del PP y sus socios electorales UPN y Foro Asturias, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria) es muy mala noticia, pues estos Presupuestos son continuistas con un modelo económico injusto, desigual, volátil y en el que se desatienden las necesidades sociales. UGT apela a la responsabilidad parlamentaria y pide una nueva orientación de los PGE cuyo eje debe ser la creación de empleo estable y la recuperación de salarios, derechos y servicios públicos.

Los PGE para 2017 no afrontan los problemas reales de desempleo, pobreza y desigualdad y prevén un freno tanto en el crecimiento del empleo como en la caída de la tasa de paro. Plantean un gasto público menguado  (con apenas un aumento del 1,7% en educación y del 2,3% en sanidad) y menos inversión (que cae un 3,3%, en general, y un 20,6% en infraestructuras). Además, no apuestan por el necesario cambio de nuestro modelo productivo (el gasto en industria se recorta en 11 millones de euros, es decir, un 0,2% menos que el año 2016).

Por otra parte, estos Presupuestos fían la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público al aumento de la inflación, pero el aumento de los precios no repercute en los salarios de los empleados públicos, ni en las pensiones.  La previsión del Gobierno es que los precios aumenten un 1,5% en 2017, de manera que los empleados públicos perderán al menos medio punto de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos en 2017. Es decir, de nuevo serán los empleados públicos, los pensionistas y los desempleados con subsidios los que aporten recursos a las arcas públicas para que el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruselas, compromisos que dilapidan el bienestar y los derechos de los ciudadanos y trabajadores de nuestro país, y que suponen un nuevo ajuste fiscal este año de 1,2 puntos de PIB, es decir, unos 10.200 millones de euros, para tratar de rebajar el déficit público del 4,3 % del PIB en 2016 al 3,1% en 2017.

En este sentido, es especialmente grave que, por séptimo año consecutivo, se mantenga el déficit de la Seguridad Social, que se reduzca la dotación presupuestaria para el sistema de protección a los parados cuando la cobertura de la prestación por desempleo ha caído desde el 71% en 2011 hasta el 55% actual, o que se recorten las inversiones en infraestructuras que podrían contribuir a la modernización del sistema productivo y al crecimiento.

Pero es que además los PGE tampoco apuestan por la igualdad entre hombres y mujeres, pues permanecen invariables en relación al año anterior y esta partida ha descendido un 37,50% desde que gobierna el PP, lo que demuestra lo poco que le importan estos temas al Gobierno.
Las Cuentas del Estado consolidan la precariedad del empleo juvenil y obstaculiza la emancipación de este colectivo. Con una partida de empleo que recorta el gasto un 4,8% respecto al año anterior y una disminución del programa de vivienda un 20,6%, el Gobierno está arrinconando a los jóvenes a la pobreza o al exilio.

Por otra parte, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo son continuistas con respecto al año anterior, a pesar de que la siniestralidad sigue incrementándose.

Asimismo, congelan las partidas de servicios sociales, en un contexto en el que la pobreza severa afecta ya  a 3,5 millones de ciudadanos (el 7,6% de la población) que viven con menos de 333,8 euros al mes.

Por todo ello, UGT exige un cambio en la orientación de los PGE para 2017 y apela a la responsabilidad parlamentaria para lograrlo. Si no es así, este año volverá a ser una oportunidad pérdida para avanzar hacia un modelo económico, social y laboral más justo, equitativo y sostenible.

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