El Subsecretario, Juan Bravo, presente en la mesa de negociación sobre la privatización del Registro civil, nos comenta que las Enmiendas que se van a realizar durante la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley, van a ser únicamente enmiendas de carácter técnico, y que hay que cerrarlas antes de la primera semana de septiembre.
El Subsecretario pretendía que sólo entráramos a pronunciarnos y hacer alegaciones, sobre la propuesta literal que nos remitió el Ministerio unos días antes (disposición transitoria octava).
El Subsecretario sigue manteniendo que sólo puede garantizar en el territorio no transferido los puestos de trabajo, pero que no pueden exigirlo a las CCAA transferidas, y que tendremos que ser las organizaciones sindicales quienes en cada ámbito llevemos ese tema. NO OBSTANTE, EL SUBSECRETARIO SE COMPROMETIÓ A SOLICITAR UN INFORME A LA ABOGACÍA DEL ESTADO PARA VER SI ERA POSIBLE OBLIGARLES, TRAS LA INTERVENCIÓN DE UGT CUANDO LE MANIFESTAMOS QUE SI OBLIGAN A LA TASA DE REPOSICIÓN, ES DECIR, A LA HORA DE CREAR EMPLEO, POR QUÉ NO PUEDEN OBLIGAR O COMPROMETER A LAS CC.AA. A LA HORA DE UNA POSIBLE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO.

UGT cuando intervenimos manifestamos:

Que rechazamos el Real Decreto-Ley, y la privatización del Registro Civil, puesto que se trata de una privatización encubierta. Y seguimos exigiendo su retirada.
No opinamos lo mismo que este Gobierno sobre los Registradores Mercantiles, pues no los consideramos funcionarios públicos.
Nos parece una chapuza el tema de la territorialidad, no entendemos como 120 Registradores Mercantiles pueden dar el mismo servicio público que se da ahora con los Registros Civiles, pues hay uno en todas las localidades. Y nos genera muchas dudas, el planteamiento del Ministerio, sobre como funcionarán, es decir, donde no existan Registradores Mercantiles entrarán los Notarios y en las localidades donde no haya notarios entrarán los funcionarios de la Administración de Justicia, de los Juzgados de  Paz y Agrupaciones de Paz.

DEJAMOS EN EVIDENCIA QUE EL PROYECTO MINISTERIAL HACÍA AGUAS, PUESTO QUE DICHO PROYECTO “PRIVATIZADO” NECESITABA DE LOS SERVICIOS JUDICIALES PÚBLICOS PARA LLEVARSE A CABO. ES DECIR,  LA PRIVATIZACIÓN NECESITABA DE LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ PARA COMPLETAR EL MAPA TERRITORIAL, YA QUE NI HAY REGISTRADORES NI NOTARIOS EN TODAS LAS POBLACIONES.

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