El Acuerdo para la mejora del Empleo Público permite la creación de empleo neto, amplía la tasa de reposición del 100% a más sectores prioritarios y traslada a las Comunidades y Ayuntamientos la capacidad de convocar y gestionar sus propias ofertas de empleo. El Acuerdo, que afecta a casi 350.000 trabajadores, rectifica la política de recursos humanos del gobierno y pone orden a la caótica situación provocada por años de recortes.

Tras meses de fuerte actividad reivindicativa –reuniones con todos los grupos parlamentarios, concentraciones e innumerables llamadas a la negociación– se ha logrado recuperar el diálogo social y cerrar el acuerdo.

El plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial, entre ellos 130.000 trabajadores de la sanidad pública; 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes. A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección, recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito. Las convocatarias se incluirán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepto las destinadas a los docentes no universitarios. Para éstas últimas, el Gobierno, mediante Real Decreto, permite a las Comunidades Autónomas convocar una oferta específica antes de la posible aprobación de los presupuestos, tras mostrar UGT su preocupación por que el proceso no llegara a tiempo para el inicio del próximo curso escolar.

Paralelamente, el plan también incluye una Oferta de Empleo Pública que permitirá reponer todas las bajas que se produzcan en la mayoría de los ámbitos y sectores. La negociación ha logrado ampliar los denominados sectores prioritarios, lo que frena la destrucción de empleo público y refuerza el Estado de Bienestar. Como nuevos sectores prioritarios se incluyen colectivos como los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social,  prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Estos nuevos sectores prioritarios se suman a los denominados así en los presupuestos de 2016 que fueron: funcionarios docentes, sanitarios, fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos, servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, personal investigador doctor, catedráticos y profesores titulares de universidad, supervisión e inspección de los mercados de valores, seguridad e inspección aérea, seguridad y salvamento marítimo, prevención y lucha contra la contaminación marítima, seguridad y operaciones ferroviarias, administración penitenciaria, funcionarios de la escala superior del cuerpo de la seguridad nuclear y protección radiológica, acción exterior del Estado y asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, gestión de prestaciones de políticas activas de empleo.

UGT considera este acuerdo un cambio de rumbo que permitirá seguir profundizando en materia de empleo y concretar, desarrollar y completar medidas previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que impidan reproducir los recortes y la precariedad del empleo, que ha provocado, incluso, un problema jurídico.

En esta línea, el acuerdo reactiva la Mesa para la Igualdad y el Observatorio de Empleo Público contemplado en el EBEP y que permitirá conocer con mayor exactitud la realidad de las plantillas y su ubicación así como cuantificar la edad media de los empleados públicos. Este mapa servirá para hacer una previsión realista de la incidencia de las jubilaciones voluntarias, forzosas o por incapacidad en las plantillas,  ajustar las necesidades de apertura de nuevos centros y tomar medidas contra el preocupante envejecimiento de las Administraciones.