Los docentes españoles de la enseñanza pública no universitaria han visto reducido su salario cerca de un 13% solo entre los años 2009 y 2013, según un estudio del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT realizado a partir de datos de la Red europea de información sobre educación Eurydice. Al recorte del 5% decretado en 2010 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se suma la congelación de los sueldos, que únicamente en 2015 experimentaron una subida del 1%. Como ejemplo, un docente español al final de su carrera podía llegar a cobrar en el curso 2015-2016 hasta un 29% menos que sus colegas europeos.

Los informes internacionales coinciden en señalar que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos que manifiestan un mayor reconocimiento social y económico de su colectivo docente. Sin embargo, en nuestro país la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la enseñanza, que están llamados a secundar una huelga en todos los sectores educativos el próximo 9 de marzo, se sitúa en términos semejantes a los del año 2000.

Los salarios de los docentes españoles se han ido alejando paulatinamente de las medias de los países de nuestro entorno. El sueldo mínimo que al inicio de su carrera profesional percibe el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria se sitúa por debajo de la media de los 21 países estudiados. En función de la etapa, esa cifra puede fluctuar entre un -12,1 % y un -17,6 %. Al tiempo, los salarios máximos están también por debajo de la media de esos países, situándose entre un -23,8 y un -29%.

La progresión de los salarios docentes a lo largo de la trayectoria profesional no supera el 40%, cuando en Europa la media es de un 60%. Además, en nuestro país se requieren muchos más años de servicio para acceder al sueldo máximo: los docentes de los países europeos analizados necesitan entre 20 y 30 años; los españoles, 39.

A esa falta de progresión económica contribuye también el hecho de que, en ausencia de  una verdadera carrera profesional, el profesorado español solo recibe bonificaciones salariales por tres conceptos: formación permanente, responsabilidades adicionales y localización geográfica -en el caso de las islas o de Ceuta y Melilla-, aunque no se perciben en todas las comunidades autónomas ni en la misma cuantía.

La reducción salarial experimentada a lo largo de estos últimos años afecta negativamente tanto al profesorado que desarrolla su labor en el aula, como a quienes han de tomar el relevo. De la misma manera que no sienten reconocida su labor quienes hoy están en activo, de cara al futuro se desincentiva el ingreso en la profesión de los mejores estudiantes.
Un sistema educativo de calidad ha de cuidar a sus docentes, y una forma de motivación y reconocimiento es ofrecer un salario en consonancia a la responsabilidad asumida. La carga de tareas a las que debe hacer frente el profesorado aumenta cada vez más, lo mismo que las competencias que se le exigen. Por ello ese esfuerzo ha de ser reconocido y valorado, ya sea salarialmente o con condiciones laborales más favorables. FeSP-UGT considera que es difícil pretender captar y retener al profesorado en una profesión con tantos cometidos y tal carga de compromiso si no existe al mismo tiempo una correlación entre estos y las gratificaciones recibidas.

La jornada de huelga en la enseñanza convocada para el 9 de marzo supone una llamada de atención a las Administraciones educativas tras siete años de retroceso y recortes educativos. Entre las medidas que el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama figuran la derogación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la derogación de la Lomce y la retirada del recurso contra su paralización interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, o la reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza.

.Asimismo, el sindicato exige el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada, la negociación colectiva de todos los aspectos que afecten al profesorado y la participación de los agentes sociales en las negociaciones de un posible Pacto por la Educación.