DECRETAZO DEL GOBIERNO PARA RESOLVER LA DESJUDICIALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL: El Registro Civil entregado a los Registradores.  UGT ha comenzado sus contactos con los Grupos Parlamentarios a fin de interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad que frene esta privatización. Estudiaremos y adoptaremos aquellas iniciativas necesarias para que, vía judicial, se frene la privatización del Registro Civil.

El Ministro Gallardón, se sale con la suya, entregando la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, mediante Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio.
Una vez más, demuestra su despotismo al llevar a cabo una privatización de un servicio público, obviando a todos los operadores jurídicos, que se postularon en contra de esta decisión. Y cual apisonadora, ha pasado por encima de los trabajadores y sindicatos de la Administración de Justicia, al adoptarla sin diálogo ni negociación alguna.
Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, denunciamos que esta privatización provocará la destrucción de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, así como graves perjuicios en la movilidad y promoción de los funcionarios de esta Administración.
El Registro Civil pasa a manos de una figura extraña de funcionarios públicos, pues sus registros son empresas privadas. Y una empresa privada, busca beneficios. ¿Cómo y hasta cuándo van a prestar este servicio de forma gratuita?
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, se opone también, a que recaiga sobre ellos la llevanza del Registro Civil, pues no están dispuestos a asumir el coste del mismo. Y desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT nos preguntamos ¿qué calidad va a tener a partir de ahora? ¿Qué trato recibirá el ciudadano? Cuando se impone a un colectivo la prestación de un servicio.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, exige la retirada inmediata de esta decisión, así como la convocatoria de una negociación sobre el Registro Civil. Para UGT el Registro Civil debe seguir siendo público y gratuito, y servido por los Funcionarios de la Administración de Justicia, como únicos garantes de los datos de la vida privada de los ciudadanos de este país. De no ser así, adoptaremos las medidas de presión necesarias para conseguir este objetivo.

ACCIONES ANTE LA PRIVATIZACIÓN

PROPUESTA PARA RECURSO DE INSCONSTITUCIONALIDAD
Ante la medida del Gobierno del PP, aprobada en Consejo de Ministros del pasado viernes, y publicada en el BOE ( Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), acordando la entrega de la llevanza del Registro Civil a los Registros Mercantiles, es decir, su privatización.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, no permanecerá impasible, pues esta organización sindical siempre ha apostado por los Servicios Públicos y de calidad, así como la potenciación de los mismos como no puede ser de otra manera, en un Estado social y democrático de derecho.
Por tanto, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, llevará a cabo todas las acciones y movilizaciones necesarias para exigir su retirada a partir del mes de septiembre.
Pero además, este Sindicato, ha comenzado sus contactos con los Grupos Parlamentarios a fin de interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad que frene esta privatización.
También ha presentado propuesta a los distintos Grupos Parlamentarios de la oposición, para que cuando la actual mayoría parlamentaria cambie, derogar la norma que contiene está privatización, y proceder a aprobar una nueva norma que vuelva a integrar el Registro Civil como un servicio público y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.
Igualmente, estudiaremos y adoptaremos aquellas iniciativas necesarias para que vía judicial se frene la privatización del Registro Civil.

No obstante, este Sindicato de no conseguir el objetivo de privatización del Registro Civil y la retirada del Real Decreto-Ley, a través de los medios que el Estado de Derecho nos ofrece, adoptará de manera consensuada con los funcionarios de la Administración de Justicia, la medida más contundente con la que cuentan los representantes de los trabajadores como medida de presión y disuasión de las políticas privatizadoras de este Gobierno.

UGT RECLAMA UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA