UGT valora la reforma de las reválidas, pero reprocha que no se haya escuchado antes a la comunidad educativa
En los últimos meses, y ante las exigencias de la comunidad educativa que reclamaba la retirada de las reválidas, el ministro ha reconsiderado su postura y en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación mantenida en el día de ayer se comprometió a modificar las pruebas de evaluación de final de etapa.
El acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas incorpora modificaciones tales como que las pruebas tanto de 6º de Primaria como de 4º de la ESO tendrán un carácter muestral, perdiendo sus efectos académicos y recuperando el carácter de diagnóstico que UGT siempre ha defendido. Con respecto a la reválida de Bachillerato, contará con una estructura prácticamente igual a la Prueba de Acceso a la Universidad y se mantendrá el distrito único. También es de destacar que, con este acuerdo, el alumnado de FP básica podrá ahora obtener el título de la ESO, de tal forma que todos los estudiantes que acaben esta etapa obtendrán una misma titulación, independientemente del itinerario cursado.
UGT valora estos avances, pero reprocha que no se haya escuchado antes a la comunidad educativa, ya que, si se hubiera retirado en su día el real decreto de reválidas, también se hubiera evitado la situación de incertidumbre y desasosiego que se ha generado en el profesorado, alumnado y familias de los centros.
El sindicato denuncia que en el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio en la tramitación de esta normativa se ha tenido muy poco respeto con el papel que desempeña la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar del Estado. Gracias a la presión de UGT y de otras organizaciones, el presidente del Consejo ha sido sensible y ha atendido las peticiones, ha retirado el proyecto de orden ministerial y ha aplazado al mes de diciembre la próxima reunión, que contará con un nuevo texto en el que se recojan los acuerdos de la Conferencia Sectorial mencionados anteriormente.
UGT seguirá vigilante para ver cómo todos estos acuerdos alcanzados se materializan en el real decreto ley que necesariamente debe ser validado por el Congreso.