El Ministro Gallardón anunció el pasado 24 de junio en el Pleno del Senado (y no de forma voluntaria, sino en respuesta a una pregunta de un senador socialista) que el Registro Civil a lo largo de 2015 o 2016 pasará a manos de los Registradores Mercantiles, ejecutándose así una vez más desde que el Partido Popular llegó al Gobierno una nueva privatización de un Servicio Público.

El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT exige la retirada inmediata de esta encomienda de gestión, que implica el comienzo del desmantelamiento de un derecho fundamental e individual, como es el derecho a una tutela judicial efectiva para los ciudadanos.

La FSP-UGT no aceptará una medida adoptada unilateralmente por el Gobierno, sin informar, dialogar y negociar con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de la Administración de Justicia. Además, conllevará la destrucción de unos 3000 puestos de trabajo, el alejamiento de un Servicio público de la sociedad y un coste adicional para el ciudadano. Ya hemos pagado vía impuestos unos 130 millones de euros en la digitalización de este servicio y prácticamente seguro que a medio plazo también tendremos que pagar por su uso.

El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT rechaza frontalmente la argumentación dada por el Ministro Gallardón para llevar a cabo esta privatización, que es el mal funcionamiento y retraso de los Registros Civiles. Ello sólo ha ocurrido en alguna oficina puntual y por las peculiaridades de la población. Y siempre se ha debido a la falta de inversión por parte de los Gobiernos en medios personales y materiales, trabajándose en condiciones muy precarias y, con gran profesionalidad y garantías por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia.

UGT le dice a este Gobierno que, si realmente quiere una Justicia ágil y de calidad, es necesario invertir en ella, dotándola de medios personales y tecnológicos.

Esta organización sindical ha solicitado una reunión urgente con el Ministro de Justicia para que nos informe personalmente de esta decisión. Y trasladarle nuestra oposición a la misma, así como comunicarle que adoptaremos todas las acciones y medidas que consideremos necesarias para su retirada.