Hay que poner en valor los servicios públicos de la AGE frente a externalizaciones y privatizaciones
Resulta imprescindible reivindicar la importancia de los Servicios Públicos que presta la AGE, rompiendo el tópico de que se trata de una Administración meramente burocrática. El desarrollo de funciones tan básicas para el Estado de Bienestar, como la justicia, gestión tributaria, las prestaciones de Seguridad Social, sanitarias, educativas, servicio público empleo, Fogasa, defensa, etc., sirven para demostrar lo erróneo de aquellas opiniones.
Por ello, desde la FSP-UGT planteamos las siguientes cuestiones:
- Mantener que la mejor fórmula de prestación de los servicios públicos es la prestación directacon medios y empleo público, así como el objetivo estratégico de contribuir con nuestra política sindical en las distintas administraciones al retorno a lo público de los servicios externalizados.
Se hace preciso limitar, controlar y vigilar la utilización de “agentes externos” para el desempeño de los cometidos propios de la función pública, utilizando al máximo las herramientas legales de que disponemos, así como los órganos de representación y, en el peor de los casos, causalizando su uso, previo acuerdo con los sindicatos. Llevando a cabo, para ello las modificaciones precisas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Las privatizaciones y externalizaciones pueden suponer la pérdida del control a la hora de realizar políticas públicas, al dejar la implantación en manos externas, que decidirán el cuándo, el quién y el cómo, recibe los servicios; con lo que desvirtúan el derecho legal a recibir unos servicios públicos universales con igual calidad y mismo nivel de cobertura.
Es necesario reconducir desde la LOFAGE el “menú” organizativo existente en la actualidad (Agencias, Organismo Autónomo, Fundación, Entidad Pública) buscando una mayor homogeneidad, pues en la práctica, con la excusa de fomentar la autonomía de gestión, lo que se ha producido es una “huida del derecho administrativo” que ha tenido una negativa repercusión sobre los empleados públicos.