Los ciudadanos y las ciudadanas españolas llevamos más de 260 días sin gobierno. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que pueda producirse una investidura?

Es verdad que a pesar de la situación anómala que vivimos por la falta de Gobierno, la maquinaria del estado sigue funcionando, no cabe duda que con el esfuerzo de cientos, miles de empleados y empleadas públicas que a pesar de sus limitaciones presupuestarias, de los recortes salariales y de derechos laborales siguen día a día trabajando por este país.

Y que puede suponer seguir aumentando el tiempo sin gobierno.

No estamos en plazo para aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para 2017, lo que supone de facto, la prórroga de los anteriores. Por tanto no habrá modificación por ejemplo en los salarios de los empleados y empleadas públicas, que seguiremos soportando sobre nuestras espaldas y en nuestros bolsillos la crisis económica y la política liberal impuesta.

Por supuesto esta prórroga de presupuesto traerá consigo además, seguir con la oferta de empleo publica congelada y  se continuará destruyendo empleo público pues seguirá aumentando las vacantes estructurales. Las vacantes que no se cubren van en detrimento de la calidad de los servicios públicos y por ende de los servicios que se prestan a los ciudadanos y a las ciudadanas,  quizás un objetivo de las políticas de derecha para seguir privatizando servicios públicos.

Tampoco podrán incrementarse las pensiones y nuestros mayores seguirán perdiendo poder adquisitivo después de una larga vida de trabajo.

Es inaudito que en un país con el índice de pobreza que está alcanzando España y una tasa de paro y de precariedad laboral no comparables con otros países europeos, los políticos no tengan como objetivo el bienestar de la ciudadanía y el fomento del estado del bienestar que consagra nuestra constitución, sino mantener sus esferas de poder y sus sillones y gobernar para Bruselas y no para su ciudadanía.

Con la prórroga de los presupuestos a lo que hay que sumar los recortes que desde Bruselas nos impongan, parece probable que los Servicios Públicos y sus trabajadores y trabajadoras sean de nuevo el blanco de los ajustes presupuestarios. Desde UGT vamos a seguir reivindicando mejoras salariales y laborales para los trabajadores y trabajadoras, como hemos hecho desde hace 128 años.

Cabe preguntarse hasta cuándo tendremos que esperar los empleados públicos para que se nos devuelvan nuestros derechos, nuestra jornada laboral (el incremento en horas de trabajo ha traído consigo el despido de muchos trabajadores y nuestras tasas de desempleo no están para esto)  nuestro sueldo, nuestra dignidad como trabajadores, la inversión en la prevención de riesgos laborales (partidas cada vez más residuales en la administración pública, muertes de agentes forestales y bomberos), la inversiones en la modernización de la administración pública para el mejor servicio a la ciudadanía, la inversión en educación y en formación del profesorado que es lo que realmente necesitan nuestros niños y niñas y no leyes restrictivas y reaccionarias.

Hasta cuándo tendremos que esperar los ciudadanos y las ciudadanas para que se reactiven los planes de empleo, la formación para el empleo, la ley de Dependencia, las becas para estudiantes y/o la gratuidad de la enseñanza y el abaratamiento de las enseñanzas universitarias para un acceso igualitario de todos y todas. El + I+d+i (incluyendo a las empresas públicas).Pacto contra la violencia de género con la participación de los agentes sociales y la dotación presupuestaria para llevarlo a cabo. La adecuación de nuestras infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias en aras de una mayor cohesión territorial.

Y mientras los españoles y españolas vemos como se destruye día a día el estado Social que nuestra constitución reconoce, nuestros representantes en el congreso siguen haciendo cábalas y sumas y poniendo vetos a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas.