UGT ha criticado que el Gobierno en funciones haya decidido adelantar cuatro meses el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias para complacer las exigencias dictadas por la Comisión Europea. Una vez más, el Gobierno del PP en funciones decide en solitario qué gastos son o no son prioritarios, haciendo primar la austeridad sobre la correcta aplicación del presupuesto destinado a suministros, contratos y servicios de los ministerios.

UGT alerta de la posibilidad de que el Gobierno interino continúe recortando y aprobando reales decretos en solitario (como hizo hace apenas una semana en relación al RD que regula la aplicación de las reválidas de la LOMCE). El método de aplicar la tijera unilateralmente -sin un plan racional y de consenso- sobre las Administraciones públicas y sus trabajadores está reduciendo la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

UGT le pide al futuro Gobierno que lleve a cabo una revisión del programa de Estabilidad 2016-2029, auténtico corsé que vuelve a proyectar recortes y reducción de Servicios Públicos como única estrategia de reducción del déficit público.

Según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, recientemente publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con datos correspondientes a enero de 2016, refleja una pérdida superior al 11% de personal al servicio de la Administración General del Estado en la presente legislatura.

La escasísima oferta de empleo público de los últimos años no sólo está reduciendo de forma acelerada la plantilla de empleadas y empleados públicos, sino que también la está envejeciendo paulatinamente.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT ha reclamado en más de una ocasión  un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que rejuvenezca y redimensione las actuales plantillas para poder garantizar la prestación de los servicios públicos que la ciudadanía demanda.

Sólo en los últimos 4 años, en concreto entre enero de 2012 y enero de 2016, la plantilla de la AGE ha disminuido un 10,92% (25639 empleos públicos perdidos) pasando de 234.685 a 209.046 según el último Boletín Estadístico de Personal al servicio de las AAPP publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por otro lado, el citado boletín estadístico revela que un 62,81% de la plantilla de empleadas y empleados públicos de la AGE tiene más de 50 años.

Se da otra circunstancia que complica el futuro de determinados servicios prestados mayoritariamente por personal laboral (en este colectivo son el 68% los mayores de 50 años): durante los años de expansión económica se externalizó mucho trabajo; pero con la llegada de los recortes, esa política ha desaparecido recayendo el mismo trabajo en unas plantillas cada vez más mermadas y envejecidas.

La Oferta Pública de Empleo para el año 2017 debería servir para convocar todas aquellas plazas estructurales en la actualidad vacantes, y todas aquellas plazas ocupadas por personal interino, inicialmente coyunturales, pero que el paso de los años pone en evidencia su carácter estructural.

Además, complementariamente, se deben crear nuevas plazas destinadas a la potenciación de determinados sectores, servicios públicos específicos y nuevos perfiles profesionales (Educación, Sanidad, Justicia, Servicios Sociales, Instituciones Penitenciarias, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc.), con la finalidad de extender su cobertura, mejorar su calidad y ofrecer nuevos servicios.