El Gobierno en funciones ha anunciado que los salarios públicos crecerán un 1% en 2017 en caso de que se forme Gobierno a tiempo de elaborar los Presupuestos. De lo contrario se prorrogarían y, según declaraciones de Javier Maroto, habría unos ciudadanos -funcionarios y pensionistas, con una previsión de crecimiento del 0,25% en este último caso- que “pagarían las consecuencias” de que no se forme Gobierno.

En primer lugar, nos parece reprobable que el Gobierno en funciones trate de presionar a los demás partidos políticos para propiciar un Ejecutivo presidido por Rajoy, utilizando de nuevo al conjunto de empleados públicos y pensionistas como moneda de cambio, es decir,  condicionando un incremento salarial -que juzgamos insuficiente- a la premura con que se forme Gobierno. Es injusto que pensionistas y empleados públicos paguen las consecuencias de que las fuerzas políticas no logren acuerdo para formar Gobierno.

Como ya se ha indicado, si el 30 de septiembre no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017, las cuentas se prorrogarían automáticamente, sin incluir estas subidas. Pero el Gobierno podría redactar un Real Decreto con la actualización del sueldo de los funcionarios y la nueva subida de las pensiones,  norma tendría que ser aprobada en 30 días por el Parlamento.

Desde UGT ya hemos señalado que el partido más votado, que ha sido el PP, tiene que intentar formar Gobierno. Pero si esa vía fracasa, un Gobierno de izquierdas es matemáticamente posible. En cualquier caso, los PGE 2017 deben estar orientados hacia la inversión pública y contemplar medidas comprometidas con la mejora y potenciación de nuestros Servicios Públicos.

El Gobierno Popular, que no contará ya con mayoría absoluta parlamentaria, debería abandonar los hábitos absolutistas que han regido su anterior mandato y dar señales de que estarán dispuestos a Dialogar con los Agentes Sociales en el futuro. Por este motivo reclamamos como primera medida la convocatoria de la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, que es donde se han de consensuar las condiciones que conciernen a los servicios públicos y sus trabajadores.

Desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT consideramos que los salarios públicos deberían experimentar un incremento superior al registrado en 2016. Además, teniendo en cuenta que la pérdida de poder adquisitivo se cifra en torno a un 18% desde 2010,  es necesario fijar medidas comprometidas con la paulatina recuperación salarial, recobrando al menos el 1% de la masa salarial para su destino a la Acción Social en las Administraciones Públicas.

Por otra parte, considerando que las medidas de Rajoy han destruido 170.000 empleos públicos, la Oferta de Empleo de 2017 debe servir para convocar todas las plazas estructurales vacantes en la Administración. Deberían crearse nuevas plazas destinadas a fortalecer sectores como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Agencia Estatal de Administración Tributaria etc.