El INE se ha visto envuelto en una trama inmobiliaria por la compra del local de la Delegación Provincial de Lugo, lo que ha provocado que la Secretaria General de este Organismo Autónomo tenga que acudir a testificar en calidad de investigada al proceso judicial.

Desde UGT ya hemos trasladado anteriormente que la actitud y las acciones de la Secretaria General  con los trabajadores y sus representantes son inadmisibles. Éstas han provocado que durante los años en que lleva ostentando su cargo, han sido los juzgados, el Defensor del Pueblo, la Inspección de Trabajo y la Dirección General de la Función Pública quienes han tenido que lidiar con sus desmanes. Hacemos un breve resumen por no extendernos en demasía:

– En el conflicto colectivo interpuesto por UGT contra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el Tribunal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictamina que el INE actúa con “mala fe negocial” durante la negociación de las mismas.

– Los trabajadores de CATI tarde tuvieron que recurrir a la Defensora del Pueblo para no verse discriminados respecto al resto de trabajadores, a pesar de que desde la parte social insistíamos en las reuniones que se estaban vulnerando sus derechos.

– Despido de una trabajadora que había obtenido una plaza por promoción interna, siendo la Dirección General de la Función Pública quién solventó el problema al readmitir a la trabajadora a un puesto de trabajo y obligando a la CIVEA a emitir informe dictaminando que no existe periodo de prueba en la promoción interna.

– La no contratación de una trabajadora por estar embarazada, estando este proceso actualmente en vía judicial y en el Defensor del Pueblo.

– Despido de una trabajadora de Servicios Centrales argumentando supuestas causas objetivas, en estos momentos investigado por la Inspección de Trabajo.

– Denegación de reducción de jornada por cuidados de hijos, teniendo que acudir los trabajadores a los Juzgados de lo Social a reclamar sus derechos.

– Denegación de las licencias sin sueldo interpretando la normativa sin que existan normas de Función Pública al respecto, actualmente hay un conflicto colectivo en curso.

– Modificación de la RPT del personal funcionario sin información previa, ni aprobación en la Mesa Delegada.

Un organismo público como el INE debería tener unas relaciones laborales basadas en la negociación y el acuerdo, tal y como sucede en la mayoría de ellos, sin ir más lejos en el propio Ministerio de Economía y Competitividad donde con las diferencias habituales que se pueden dar, no es necesario acudir a otras instancias para resolver la conflictividad laboral.

Con estupor nos damos cuenta que las actuaciones de la Secretaria General no solo afectan a las relaciones laborales, sino que ha implicado al INE en un asunto investigado por la Justicia al no facilitar toda la información solicitada por la jueza del caso, lo cual daña ostensiblemente la imagen del Instituto ante la ciudadanía.

Por estos motivos UGT reclama el cese inmediato de la Secretaria General.