El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica un documento con las Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la Administración General del Estado.

La actividad laboral de la administración pública presenta una serie de peculiaridades respecto al sector privado que se ven reflejadas en la normativa específica dictada al efecto. Una de las materias que dispone de aspectos diferenciales es la prevención de riesgos laborales. En concreto, el Reglamento de los Servicios de Prevención permite a las administraciones públicas regular cuatro materias por medio de normativa específica: la organización de recursos especializados; la definición de funciones y niveles de cualificación del personal; la forma de llevar a cabo la negociación colectiva; y la evaluación externa o auditoría del sistema de prevención. No obstante, sin perjuicio de la normativa específica que pueda establecerse al respecto, el resto de la normativa de prevención de riesgos laborales se aplica plenamente al conjunto de las administraciones públicas.

Las directrices básicas que se presentan en este documento no son un sustituto del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales establecido para la Administración General del Estado, sino un complemento del mismo. En ambos casos se busca facilitar la gestión de las actuaciones que en materia de prevención de riesgos laborales se están desarrollando en el conjunto de organismos de esta administración con el fin común de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los empleados públicos.

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