La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de eliminar la tasa de reposición para reforzar los servicios públicos y atender adecuadamente a la ciudadanía

Los sindicatos exigen convocar inmediatamente una reunión para solventar los temas pendientes en materia de empleo e iniciar la negociación de un nuevo acuerdo con vigencia de varios años

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT y los sindicatos FSC-CCOO y CSIF han remitido una carta la Ministerio de Política Terrritorial y Función Pública en la que exigen que se inicie, de manera inmediata, la negociación de un nuevo acuerdo para el conjunto de los empleados públicos, con vigencia de varios años. Los sindicatos han señalado, además, que aún quedan por resolver varios temas fundamentales de los anteriores acuerdos, que el ministerio se comprometio el pasado mes de junio a solventar. Aspectos del empleo público como la falta de agilidad las convocatorias, la escasez de plantillas y su preocupante envejecimieno aún están sobre la mesa.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF recuerdan que aún no se han convocado el 60% de las plazas comprometidas en el I y II acuerdo para la mejora del empleo en las Administraciones, sin contar las correspondientes a los procesos de estabilización, que no se han llegado ni siquiera a negociar.

Los acuerdos establecían como objetivo reducir la temporalidad en la Función Pública al 8%, sin embargo este porcentaje no se ha alcanzado: antes del inicio de la pandemia la tasa de temporalidad superaba el 24%. Ademas, muchas plazas no se han terminado de ejecutar, por eso es primordial agilizar los procesos para reducir al mínimo la latencia entre la aprobación de las plazas, su convocatoria y finalmene la ejecución completa e incorporación.

Las organizaciones sindicales destacan la necesidad de negociar medidas para resolver de manera adecuada el problema de la precariedad en las administraciones. UGT, CCOO y CSIF proponen sancionar el fraude o el abuso en la contratación de personal temporal en el sector público. Hay que trasladar al ámbito de la función pública la Directiva Comunitaria 70/1990 para evitar y sancionar este fraude o abuso en la contratación. Esta medida, unida a otras como eliminar la tasa de reposición, permitirá a los servicios públicos atender a las necesidades de la ciudadanía sin acudir a formulas que aumentan la precaridad.

La modernización de los servicios públicos, que incluye el necesario proceso de trasformación tecnológica y digital también es un tema que precupa a las organizaciones sindicales y en el que deben tener un papel fundamental.