Hace 20 años, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fueron adoptadas con grandes esperanzas para el futuro. La Plataforma de Acción imagina un mundo en el que todas las mujeres y todas las niñas pueden ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo. Desafortunadamente, en su mayor parte, a día de hoy, siguen sin cumplirse.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Federación Europea de Sindicatos del Servicio Público (FESSP) y el movimiento internacional sindical demanda un cambio audaz por parte de los líderes políticos, un paso de la inactividad a la realización de inversiones con objetivos definidos y reformas laborales encaminadas a crear un mercado de trabajo inclusivo que asegure el acceso igualitario de las mujeres a un empleo decente y remunerado, su representación en la adopción de decisiones y su capacidad para acceder a unos servicios públicos y una educación de calidad.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, dice:

"La igualdad de género no se ha logrado en los últimos 20 años. Necesitamos un cambio político, social y cultural y reconocemos que políticas en favor de mujeres y trabajador@s harán la diferencia, los sindicatos tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso. Empoderar a las mujeres efectivamente empodera las sociedades”.

La desigualdad divide el mundo. El 80% de la población mundial vive con menos de 10 dólares al día. La proporción de los ingresos nacionales correspondiente a los salarios disminuye constantemente desde hace décadas, paralelamente a la erosión de las instituciones del mercado de trabajo. Políticas neoliberales, las medidas de austeridad adoptadas en respuesta a la reciente crisis económica mundial y los recortes en el gasto público tanto en países desarrollados como en países en desarrollo han tenido consecuencias desproporcionadas en las mujeres y en las niñas.

Se ha producido un incremento del trabajo informal y precario que no tiene precedentes y en el que las mujeres están sobrerrepresentadas. La reducción de la pobreza y la igualdad de género deben estar asociadas al aumento de los ingresos y a los salarios. La igualdad de sueldos y un salario mínimo que garantice unas condiciones de vida dignas tienen que formar parte de los objetivos de las políticas económicas y sociales.

Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la FESSP, dice:

"Esta es la razón por que la Unión Europea en particular debe reconocer que hay una verdadera necesidad de investir en la calidad de los servicios sociales y la infraestructura social por que la desregulación de nuestras economías y la privatización del sector público han fortalecido desigualdades entre las mujeres, especialmente en las comunidades marginadas en Europa.”

 

Reorientar las inversiones puede proporcionar los fondos necesarios para financiar las medidas de protección social, un salario mínimo que garantice unas condiciones de vida dignas, educación para todos y energías renovables para frenar el cambio climático. Por tanto, pedimos justicia fiscal y la desaparición de los paraísos fiscales, de la elusión fiscal y de la corrupción, y reclamamos que se aborde la cuestión de los incentivos fiscales que igualan hacia abajo y las políticas regionales sobre la competencia en el ámbito fiscal. 

No obstante, se están negociando tratados de libre comercio que tendrán un efecto debilitante en la normativa que regula estas cuestiones en interés público y constituyen una grave amenaza para la democracia, porque esas negociaciones se están realizando sin ningún control parlamentario. 

La ISP insta a los gobiernos a tomar medidas audaces para cumplir la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en especial mientras negocian el nuevo marco de desarrollo sostenible que adoptarán en 2015.

¡No vamos a esperar otros 20 años!