La Guardia Civil española es un Instituto Armado de naturaleza militar que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Su trabajo conlleva riesgos particulares inherentes a su actividad en los que puede existir grave riesgo para su integridad física e incluso para su vida. En el cumplimiento de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud y de la seguridad colectiva,   no se encuentran  dentro de la protección de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

No obstante,  como trabajadores, tienen el mismo derecho que el resto a la protección de la Seguridad y Salud en el trabajo. Para dar solución a este problema, en 2005  entró  en vigor el Real Decreto 179/2005, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

Han pasado 17 años y la situación actual en  Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil deja mucho que desear, la cultura pereventiva avanza muy lentamente, se necesita más apoyo y concienciación desde la DGGC.

La legislación debería actualizarse y modernizarse siguiendo las políticas en materia de seguridad y salud que marca la Comisión Europea. El RD 179/2005 es demasiado ambiguo, determina generalidades sin concretar responsables, términos y plazos de periodicidad, como pasa, por ejemplo, en la planificación de la actividad preventiva.

Es necesario que, como en el Ministerio de Defensa, la regulación de PRL incluyera al personal civil que está destinado en la Guardia Civil de igual modo que incluye al personal militar que presta servicio en unidades, organismos o centros de la Guardia Civil. También es significativo que el control de la PRL en la Guardia Civil se realice desde la propia Guardia Civil y desde Secretaría de Estado de Seguridad, sin embargo en el ámbito del Ministerio de Defensa abren ese control a la posibilidad de realización de auditorías.

Una de las carencias más importantes es la de personal destinado en los organismos preventivos de la Guardia Civil. El personal destinado a la PRL es el mínimo imprescindible para cumplir la normativa, y en el caso de las Oficinas de Comandancia ni tan siquiera se cumplen esos mínimos.

A día de hoy, los planes de emergencia siguen sin realizarse en la mayoría de instalaciones de la Guardia Civil. Tampoco se realiza ningún reconocimiento médico ni psicológico periódico al personal de la Guardia Civil, lo que conlleva a un aumento sustancial de quejas de salud en el ámbito laboral.

La participación del personal de la Guardia Civil en lo que a PRL se refiere se limita a quejas y sugerencias. Hay una excesiva jerarquización en el funcionamiento y en las comunicaciones de información sobre PRL. A los Guardias Civiles se les exige informar de inmediato de los riesgos graves e inminentes a través de sus superiores, sin embargo, se contempla el caso de que dicha información no se pueda proporcionar por parte de los superiores a los Guardias Civiles que se encuentran en situaciones de riesgo graves o muy graves.

No se dota de EPI´s a todo el personal operativo de la Guardia Civil, como pasa con el caso de los chalecos antibalas de uso individual.

No se incluye la PRL en los Planes de Estudio de la Guardia Civil ni tampoco en las actividades de formación continua, a pesar de venir recogida su obligatoriedad en la normativa. Se exige responsabilidad preventiva a los jefes de compañía y comandantes de puesto sin ofertarles formación alguna en PRL, siendo ellos los coordinadores en materia de prevención en sus unidades y los encargados de aplicar las medidas propuestas por las Oficinas de Comandancia.

El número trabajadores/as con  síntomas por depresión, apatía, ansiedad, pérdida de autoestima y sensación de aislamiento y fracaso aumenta cada año. Hay que actuar de inmediato y pasar a la acción preventiva evaluando los riesgos psicosociales, como obliga la ley.

El protocolo de acoso vigente en la Guardia Civil remite al régimen disciplinario o a la justicia ordinaria, no es preventivo. El que decide si los hechos son constitutivos de acoso o no, es el Jefe de la Comandancia, siendo juez y parte en muchas ocasiones. Es necesario, sensibilizar a todo el personal y darle la formación adecuada para luchar contra el acoso y la violencia en el trabajo.

Desde FeSP-UGT, proponemos la externalización del Servicio de Psicología de la Guardia Civil que está formado por oficiales de la Guardia Civil con la titulación de Psicología. Hay que cambiar la cultura del mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma saludable.

Ante el elevado número de suicidios proponemos la creación de una comisión multidisciplinar que aborde este problema en la GC, compuesta por mandos, psiquiatras, psicólogos, prevencionistas y asociaciones.

Desde FeSP-UGT seguiremos trabajando para que  los agentes guardias civiles puedan participar en el diseño de los planes de prevención, en los órganos de prevención y control y vean respetados sus derechos personales en el trabajo. Esto redundará en la mejora del bienestar y la salud de los trabajadores/as así como en la calidad del servicio que prestan a la sociedad.