El día 30 de mayo, se ha celebrado la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, art. 36.3 TREBEP.

Se han tratado entre otros puntos la ratificación del protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la secretaría general de instituciones penitenciarias.

La Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas recogía el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo de ámbito AGE, que se aplica en el ámbito  de prisiones cuando la violencia sobre los trabajadores penitenciarios es ejercida por personas que no son internos. En dicho Protocolo se recogía la obligatoriedad de negociar uno especial de prisiones en el plazo de seis meses. La Administración Penitenciaria demoraba esa negociación alegando que el personal de II.PP. estaba suficientemente protegido y que contábamos con un régimen disciplinario específico de aplicación a la población reclusa así como de la posibilidad de utilizar medios coercitivos ante actitudes violentas de los internos.

Ante esta situación el sindicato UGT-prisiones, junto con otras organizaciones sindicales, se entrevistó con diversos grupos parlamentarios para denunciar la situación de desamparo en la que nos encontrábamos los trabajadores penitenciarios ante conductas violentas de los internos. El resultado fue una enmienda transacional de proposición no de ley en la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a negociar en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas un protocolo específico frente a la violencia en el trabajo en el ámbito penitenciario.

En diciembre la Administración Penitenciaria nos hace entrega de un borrador de Protocolo.

UGT ha ratificado el protocolo, después de meses de duras negociacionescon la Administración Penitenciaria, en las que UGT-Prisiones formuló una serie de propuestas que quedaron plasmadas en el documento final:

–  Se ha modificado la definición de agresión para incluir“cualquier conducta violenta” ejercida por un interno hacia un empleado penitenciario durante el ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo, por lo que se incluyen las agresiones verbales.

–  Se ha profundizado en la participación de las organizaciones sindicales y de los delegados de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos penitenciarios, con la creación de una comisión paritaria de seguimiento del contenido del Protocolo que se reunirá trimestralmente.

–  Se concretan una serie de medidas de apoyo psicológico, jurídico y sanitario.

–  Se reconoce por primera vezde forma explícita la condición de autoridad pública a los funcionarios de prisiones en el legítimo ejercicio de sus funciones.

–  Se va a proponer una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias en consonancia con las exigencias regimentales, incluyendo el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias.

–  Se recogen procedimientos para impulsar y adoptar medidas que faciliten y potencien un mejor conocimiento por parte de los internos, así como un plan de formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas.