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Los sindicatos no descartan la huelga general en Correos si se mantiene el recorte de más de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos.

UGT, CCOO, CSI·F y Sindicato Libre con el 85% de la representación sindical en Correos, han trasladado a los Grupos Políticos iniciativas en forma de PNL para rescatar la financiación recortada y aprobar un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal con el fin de que el Correo siga llegando a todos los núcleos de población de los ocho mil municipios del país.

Las organizaciones sindicales han señalado que este recorte, además, lastrará la cuenta de resultados de Correos y empeorará el servicio público prestado reduciendo la calidad, la extensión, la regularidad y asequibilidad.

El recorte, además, conllevará la precarización del empleo, los recortes de plantilla y derechos, especialmente en las localidades más pequeñas.

El Servicio Postal Universal prestado por Correos viene desempeñando un papel fundamental para que el correo llegue a todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo, de forma accesible y asequible. Garantiza, por tanto, el acceso al servicio postal público tanto en grandes capitales y zonas urbanas como en las zonas rurales o entornos no urbanos.

Tratándose de una actividad deficitaria en una gran parte  del territorio nacional, sólo atendidas por Correos y no por las empresas privadas -que sólo buscan su rentabilidad económica- el Estado tiene la obligación legal, establecida por la vigente Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, los derechos de los ciudadanos y el mercado postal, de financiar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un servicio público que, de otra forma, se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos.

En pleno trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, UGT, CCOO, CSI·F y Sindicato Libre con el 85% de la representación sindical en Correos, han anunciado que no descartan la huelga general en la mayor empresa pública del país si no se rectifica el recorte de más de un tercio de la financiación pública que el Ministerio de Fomento tiene previsto y no se aprueba el Plan de Prestación del Servicio Universal previsto en la Ley Postal para garantizar la cobertura del servicio postal en aquellas zonas del país cuya prestación es deficitaria pero socialmente necesaria.

Las organizaciones sindicales han iniciado una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos a nivel estatal con el objetivo de poner en marcha una serie de iniciativas orientadas, en forma de Proposición No de Ley para rescatar la financiación recortada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está debatiendo en el Parlamento. UGT promovió ya en 2011 y 2014 Proposiciones No de Ley  para el desarrollo de la Ley Postal además  de esta última presentada el pasado mes.

Este tijeretazo no sólo va a lastrar la cuenta de resultados de Correos, sino que va precarizar el empleo, recortar la plantilla y sus derechos.

En el caso concreto de la provincia de Toledo, donde hay 205 municipios de los cuales 176 no llegan a 5000 habitantes, la repercusión tendrá mucha más incidencia y donde se podría producir el cierre de oficinas o la reducción de horarios de atención al público como ya venimos padeciendo.

Las cifras, más allá de los ejemplos, hablan por sí solas: el recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En nuestra provincia, el ajuste podrá implicar entre 130 y 150 puestos de trabajo suprimidos y quedando sin reparto regular las poblaciones más pequeñas por su escasa repercusión económica.

Además de deteriorar el servicio público prestado en virtud de los criterios marcados por la Ley Postal en base a exigencias de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad se corre el riesgo de dejar de recibir el correo cinco días a la semana, y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia-paquete, porque el cartero ya no llegará a su domicilio, además de tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse el cierre de miles de ellas a nivel nacional.

Así, han recalcado la urgente necesidad de corregir el recorte de más de un tercio de la financiación actual, que va desde los 180 millones hasta los 119M€ para la prestación del Servicio Postal Universal y al no haberse desarrollado reglamentariamente, no puede garantizarse la financiación estable y justa que marca el objetivo de esta Ley Postal, cuantía que para los sindicatos ya estaba muy por debajo de la que requiere la prestación pública encomendada a Correos y cuyo carácter deficitario deben cubrir los PGE.

Las OOSS mayoritarias en Correos señalan que al recorte de 60M€ de financiación, se ha sumado una nueva mordida a la partida presupuestaria de otro medio millón destinado a otros fines que nada tienen que ver con la prestación del SPU acorde a la política habitual del gobierno del PP. Los sindicatos, además, ponen el acento en que este recorte estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el Convenio Colectivo aparcado desde 2013 y para el pacto salarial que exigen tras más de 6 años de congelación y recorte con una pérdida importante del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de Correos.

De no modificarse el planteamiento, los sindicatos han advertido a Fomento y a SEPI que están apostando seriamente por la convocatoria de una huelga general.

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